Por el derecho al trabajo y al uso de la ciudad
Uruguay. Hablamos desde los "cantegriles", desde las manos sucias de trabajar con los residuos pero limpias de ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente y no con el ajeno.
Hablamos desde los barrios que carecen de los servicios básicos, de donde se sostiene el sustento con el mercado informal de trabajo. Desde hace un buen tiempo hay una fuerte disputa por el uso de la ciudad entre los sectores más acomodados y los más postergados. Esta tensión encuentra un blanco privilegiado: los clasificadores de residuos.
El ensañamiento mediático no tiene límite. La persecución es total. El punto máximo llegó cuando ocurrió un desgraciado accidente mortal que involucró a un carro tirado por un caballo. Esta tragedia fue el pretexto para descargar la presión sobre las autoridades municipales para que salgan a perseguir a los clasificadores y limpiar de pobres las calles céntricas y de barrios privilegiados.
El origen
Cabe recordar el origen de una situación que se extiende en nuestra ciudad y en otras del interior del país. En nuestro país, dirigido desde el exterior, siempre existió un pequeño grupo social privilegiado que se benefició con el negocio de empobrecer al país y a los uruguayos. Muchos lograron mantenerse prendidos al mercado de trabajo formal y otros, cada vez más, quedaron condenados a buscar sustento en la informalidad. Este sector fue creciendo a medida que arribaban a la ciudad los desplazados del campo o de los pequeños pueblos. Estos desplazados en su propio país llegaban a la ciudad con sus conocimientos ligados a las prácticas rurales.
En los pequeños predios que encontraron criaron animales para consumo familiar y como carreros (carro con caballo) salieron a buscar el ingreso para parar la olla. Esto tuvo una severa modificación cuando empezó a crecer el "negocio de la basura". El instrumento de trabajo sirvió para trasladar hasta el hogar los residuos del consumo del resto de los ciudadanos. Allí, separando lo que puede reutilizarse de lo que no, en esa tarea de clasificación, fue naciendo un oficio. De esta se beneficia la sociedad toda ya que recupera para la actividad productiva cantidades impresionantes de materia prima, reduce la cantidad de residuos a enterrar y le ahorra costos a la Intendencia Municipal en la recolección de residuos.
A pesar de la necesidad social de la clasificación, los clasificadores siguen manteniendo su actividad en la informalidad. De esto se benefician directamente los grandes empresarios del negocio, y se perjudican fuertemente los que realizan el trabajo con sus manos, soportando las inclemencias del tiempo y los accidentes laborales más variados, recibiendo un ínfimo porcentaje de lo que se vende por el material que el juntó, debido a una cadena interminable de intermediarios. Como siempre, en una sociedad librada a la voracidad de los que más tienen el que menos se lleva es el que está de último en la pirámide.
Esta situación creció durante la década de los 90’ cuándo se destruyó el aparato productivo nacional y se condenó a la desocupación a un amplio número de trabajadores y explotó durante la crisis del 2002 cuando el número de compatriotas que se volcó a esta tarea aumentó notoriamente.
Muchos obreros o desplazados del medio rural tuvieron que aprender las vicisitudes del oficio. A lidiar con un caballo unos, a lidiar con la ciudad otros, para seguir aportando el pan a los hijos. Si bien surgen changas o trabajos temporales, lo que siempre está ahí como garante es el carro. Ser carrero es la garantía del ingreso y ya forma parte de la identidad de los barrios periféricos de Montevideo y de las ciudades más habitadas del país.
Una coyuntura
Para analizar esta situación hay que analizar algunas cosas.
Esta tarea es socialmente necesaria. Por lo tanto, la sociedad como tal, y a través del Estado, se tiene que hacer cargo de garantizar que se desarrolle en las condiciones correspondientes a cualquier trabajo. Y se debe reconocer a los que hasta ahora lo han desarrollado permitiéndoles continuar con su tarea y participar en los beneficios del producto de su trabajo a través de una justa redistribución de las ganancias.
A su vez, la Intendencia más que perseguirlos tendría que retribuirlos ya que se ahorra de recoger incontables toneladas de residuos, y por lo tanto, reduce los gastos de la recolección.
Los sectores más humildes somos tan uruguayos como el que más y tenemos los mismos derechos. Sin embargo, los derechos al trabajo, a la vivienda digna, al acceso a los beneficios sociales, han sido esquivos para nosotros.
El derecho al trabajo aparece escrito en la Constitución de la República, sin embargo no se cumple. Pero mientras unos tenemos que hacer malabares para sobrevivir porque no se cumple con el derecho al trabajo, los que mejor viven por ser cómplices en el empobrecimiento del país pretenden exigirle a los clasificadores una rigidez estricta en el cumplimiento de las normas.
Cómo se le puede pedir a una persona que tiene que juntar los recursos para comprar abrigo para sus niños o bloques para sustituir las chapas en un invierno como este que invierta en un vehículo como el carro, en la pintura, en arreos nuevos, etc.
Primero hay que garantizar el derecho al trabajo. Lo mínimo para poder plantearse otros asuntos. La Intendencia sin embargo quita carros por no estar pintados de colores claros, por no tener el carné de clasificador, la vacuna antitetánica, etc.
Otro elemento que plantean estos ciudadanos que viven en un país aparte adentro del Uruguay real es la situación de los caballos. Se olvidan de plantear la situación de los humanos que tienen que trabajar en esas condiciones. Olvidándose del ser humano plantean que se prohíba la tracción a sangre acusando maltrato animal. Estas personas pasan por alto muchas cosas. Que para el carrero el caballo es un importante integrante de la familia, que mantiene un vínculo afectivo con él que tal vez no lleguen a conocer.
Pero además, interesadamente pasan por alto la tracción a sangre que desarrollan niños, adultos, ancianos, hombres y mujeres, cinchando un carro de mano. Parece que esa tracción a sangre no les incomoda. Esta gente progresista que reconoce derechos en los animales no los reconoce en los pobres. Si se le quita el carro a una persona que vive de ello o se lo condena a tener que hacerlo a pie o se lo empuja a la delincuencia común. Lo peor de todo es que existen siniestras protectoras de animales que operan con la policía quitándole los caballos a los carreros para llevarlo a sus campos particulares. Robo descarado.
La prensa se hace eco de los reclamos de las protectoras contra los pobres que trabajan en esto pero nada señala si estos animales van a un matadero o se los mata en un hipódromo.
Otro capítulo de esta campaña es el que coloca a los carros como un problema para el tránsito. El accidente antes mencionado pareció ser la sentencia. En Uruguay entre las principales causas de muerte están los accidentes de tránsito ocasionados por vehículos motorizados. Nunca escuchamos que se planteara eliminar de circulación el creciente parque automotor. Nuestra pequeña ciudad está saturada por la exagerada importación de 0 km. ¿Quién decide que esa es la prioridad y que por ello tienen que dejar de circular los vehículos (carros) que utilizan compatriotas para trabajar? ¿Quién decide que nuestro país necesita importar más autos 0 km? ¿Qué esa es la prioridad?
Tal vez, precisaríamos máquinas para volver a poner en pie la industria nacional para generar puestos de trabajo genuino, no el temporal que manejan los ONG’s para servir a la contención social. Evidentemente que en este país que no goza de libertad para decidir su destino está primero la industria automotriz que los orientales que vivimos de nuestro trabajo.
La ciudad para todos
La Patria para todos
Lo que todo esto expresa es la disputa tenaz por la ciudad. Los sectores de los barrios privilegiados quieren que nos limitemos a circular por los márgenes cada vez más lejos del centro que ellos usufructúan. Que puedan circular cómodamente con sus autos lujosos, que no tengan que ver la pobreza que genera la sociedad que los mantiene, que puedan seguir soñando con su ilusión europea tirando la realidad al fondo, cada vez más al fondo.
Nosotros, mientras tanto, tenemos derecho a usar la ciudad para obtener nuestros ingresos, para habitarla y para disfrutarla, para ir a las playas, a los parques, sin que la prepotencia policial lo dificulte. Y lo seguiremos haciendo.
Frente al problema de la clasificación de residuos hay dos asuntos a considerar. Esta tarea tiene que ser reconocida, formalizada y retribuida socialmente. Es una deuda pendiente tras haber hecho usufructo del producto de un trabajo realizado, durante muchos años, en terribles condiciones. A su vez, no se puede excluir a los clasificadores del "negocio de la basura" para que se beneficien los grupos económicos que exportan la materia prima. Tienen el principal derecho por haber puesto en pie y desarrollado esta industria con su sacrificio.
Por otro lado, hay un problema que tiene que ver con la destrucción del aparato productivo nacional. Esto llevó a que desaparecieran muchos puestos de trabajo. Ahora se impulsa hacia nuestros barrios trabajos temporales que tienen como fin la contención. Hasta que no se recupere el trabajo genuino no se puede pedir a nadie que abandone otro. Hasta que no se ponga en pie un proyecto nacional que ponga en el centro al pueblo será para nosotros tiempo de defender con uñas y dientes nuestro derecho al trabajo. A ganarnos el pan honestamente. Este es un espacio organizado para hacerlo. Sabemos que esto no lo lograremos en un barrio aislado, será necesario una patria libre, justa y soberana. Hacia ese objetivo queremos aportar con nuestras humildes fuerzas. Aspiramos a que un día en la tierra de Artigas se haga realidad su sueño de "que los más infelices sean los más privilegiados".
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