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El Salvador: Ley contra minería metálica en riesgo de ser derogada

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El Salvador Ley contra minería metálica
Leyenda/crédito foto: Población civil se movilizó para exigir la prohibición a la minería metálica./ ALAI

Nueva composición legislativa con mayoría conservadora podría dar marcha atrás a legislación que prohíbe actividad minera en el país. Desde el 29 de marzo del 2017 en El Salvador no existe minería metálica. Con 69 votos de los 84 diputados, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Prohibición de la Minería Metálica que convirtió a esta nación centroamericana en el primer país del mundo en prohibir esa actividad tanto en el suelo como el subsuelo del territorio nacional, incluyendo la exploración, extracción, explotación y procesamiento ya sea a cielo abierto o subterráneo, así como la prohibición del uso de químicos tóxicos como cianuro, mercurio y otros en cualquier proceso de la minería metálica.

Al cumplirse un año de la entrada en vigencia de esa histórica decisión, organizaciones ambientalistas salvadoreñas manifestaron su temor de que el nuevo Congreso elegido el 4 de marzo y que entró en funciones el 1 de mayo, derogue la ley.

En un comunicado publicado el 4 de abril, organizaciones defensoras del medio ambiente demandaron que "la prohibición de la minería sea elevada a rango constitucional para garantizar la sustentabilidad ambiental del país".

Bernardo Belloso, presidente de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES), manifestó al informativo Verdad Digital que "esta ley contra la minería está en juego, dado que las mismas empresas están realizando cabildeo con los diferentes partidos políticos para que esta ley sea derogada lo más pronto posible".

La norma podría ser derogada con mayoría simple de 43 votos. Los partidos de derecha -representados por la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) y el Partido de Concertación Nacional (PCN)- tienen 56 votos, mientras que el gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) tiene 23 diputados.

"Vemos que la ley antiminera está en peligro si todos los partidos de derecha están en la disposición de derogar la ley", dijo Belloso. "Lo más probable es que tengamos explotación minera".

Andrés McKinley, experto en minería metálica del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, señaló en un artículo publicado el 23 de abril en el diario digital ContraPunto que "la industria minera no ha renunciado a su intención de extraer oro y plata en El Salvador. Oceana Gold (anteriormente Pacific Rim), que perdió su demanda legal por US$250 millones contra El Salvador en el 2016, permanece en el país a través de su Fundación El Dorado, con la esperanza de ganar corazones y mentes a través de gestos filantrópicos".

Las alertas de los grupos ambientalistas se encendieron luego que fuentes no identificadas lanzaran a través de las redes sociales una campaña a favor de la "Minería Verde", que se basa en la extracción y procesamiento de los minerales utilizando técnicas que supuestamente tienen un menor impacto sobre el medio ambiente y la salud de las personas, a la vez que la presenta como una fuente de desarrollo sin efectos secundarios adversos.

Belloso replicó que "la minería verde no existe, es una campaña para dar mala información a la población". De hecho, cualquier actividad minera es contaminante y tiene un gran impacto sobre el medio ambiente y la población, a lo que se suma la estrechez territorial de El Salvador, su alta densidad poblacional y los graves problemas con el agua.

Agua contaminada

La escasez de agua que enfrenta El Salvador fue uno de los temas que movilizó a ambientalistas, comunidades y la Iglesia Católica contra la minería metálica. En abril del 2016 el gobierno declaró estado de emergencia nacional por la escasez de agua a consecuencia de lluvias por debajo del promedio anual debido al cambio climático, la expansión urbana que impermeabiliza los terrenos incluyendo las zonas de recarga hídrica, así como el aumento de la demanda de aprovisionamiento de agua, según explicó la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).

Aunque para este año se han previsto intensas lluvias por el fenómeno climático de La Niña -la fase fría contraparte del fenómeno cálido de El Niño-, las autoridades consideran que no serán suficientes para contrarrestar años de sequía y escasas precipitaciones.

De acuerdo con el informe "Calidad del agua de los ríos de El Salvador 2017", publicado el 3 de febrero por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), de los 55 ríos estudiados, sólo en 32% la calidad del agua era buena, en 59% era regular y en 9% mala.

En 90% de los 117 sitios donde se tomaron las muestras, se encontró que no cuentan con la calidad de agua para ser utilizada en actividades de riego sin restricciones "debido a valores fuera de los establecidos en las guías de calidad de agua para Aluminio, Boro, Cadmio, Manganeso, Arsénico, Níquel, Bicarbonato, Coliformes fecales, Cloruro, Nitrato, Conductividad eléctrica, pH, Sólidos Totales Disueltos y Razón de Absorción de Sodio".

Las principales fuentes de agua potable en El Salvador son aguas subterráneas, fuentes y aguas superficiales como el río Lempa, uno de los ríos más extensos de Centroamérica, que recorre Guatemala, Honduras y El Salvador. Su cuenca abarca 45% del territorio salvadoreño y representa el 60% de agua que se consume en este país y el 30% en su capital, San Salvador.

Aunque El Salvador, el país más pequeño de Centroamérica, con 21,041 km², y el más densamente poblado, con 6.3 millones de habitantes, ha sido el único en vetar la minería metálica, esta actividad se cierne sobre el país, sobre todo por proyectos mineros asentados en Guatemala y Honduras, que acabarán por dañar ambientalmente el ya contaminado río Lempa. Existen al menos 53 proyectos mineros que amenazan directamente la cuenca del Lempa.

En un comunicado publicado el 18 de abril, la Red Centroamericana por la Defensa de las Aguas Transfronterizas (RedACAT) demandó a los gobiernos centroamericanos e instituciones regionales iniciar conversaciones que permitan un tratado regional que garantice la cantidad y calidad del agua. "Entre los países de la región centroamericana existen cuencas compartidas en las que se expresa el poder de las empresas que explotan los bienes naturales, como la minería metálica, extracción masiva de material pétreo y represas, produciendo afectaciones a la vida de la naturaleza y la vida de las personas", dice el comunicado.

Para el caso de El Salvador, la RedACAT señaló que el proceso de implementación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica por las autoridades correspondientes "ha sido muy deficiente".

La RedACAT reiteró la necesidad de que "una acción impostergable a favor de la vida y la integración de nuestros pueblos precisa la negociación de un tratado regional sobre aguas transfronterizas con enfoque de cuencas compartidas, que garantice la cantidad y calidad de las aguas necesarias para nuestros pueblos y prohíba el asentamiento en las zonas fronterizas de industrias depredadoras como la minería metálica".



Publicado: junio 2018

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