Aborto prohibido en todas las circunstancias
El Salvador. El caso de Beatriz, seudónimo de una mujer de 22 años afectada con lupus y problemas renales, a quien la Justicia salvadoreña negó el aborto terapéutico a pesar que continuar con su embarazo significaba un riesgo para su vida, ha puesto sobre el tapete el derecho de las mujeres a poner fin a la gestación cuando su vida está en peligro.
En marzo, cuando Beatriz tenía pocas semanas de embarazo, los abogados del Hospital Nacional de Maternidad solicitaron autorización al gobierno para llevar a cabo el procedimiento debido a la "fuerte probabilidad de muerte materna" y a que el feto era anaencefálico, es decir carecía de cerebro, lo que hacía inviable su vida fuera del útero. Sin embargo, la Fiscalía General advirtió que se impondría la pena prevista por la ley si Beatriz se sometía a un aborto.
El aborto en todas sus formas está prohibido en El Salvador desde 1998 y penaliza con 50 años de cárcel para la mujer que se someta a este procedimiento y 12 años para el médico que lo realice.
Beatriz presentó el 11 de abril a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema una solicitud de autorización para interrumpir su gestación debido a su grave estado de salud y manifestando que el feto no sobreviviría. El 30 de mayo el tribunal denegó el pedido señalando que "los derechos de la madre no pueden privilegiarse sobre los del nasciturus (el que ha de nacer) ni viceversa", agregando que "existe un impedimento absoluto para autorizar la práctica de un aborto por contrariar la protección constitucional que se otorga a la persona humana ‘desde el momento de la concepción’".
Human Rights Watch (HRW), organización internacional de derechos humanos con sede en Nueva York, manifestó que la amenaza de persecución penal contra Beatriz constituía "una violación de sus derechos humanos fundamentales".
"La aplicación de las restrictivas leyes de aborto de El Salvador en este caso puede tener un impacto devastador sobre el derecho de Beatriz a la vida. Además, diversos órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas han descubierto que las restricciones al acceso al aborto seguro y legal pueden dar lugar a situaciones que constituyen tratos crueles, inhumanos o degradantes, en particular cuando una mujer se ve obligada a continuar hasta el final con un embarazo no viable", señaló HRW en una carta enviada a mediados de mayo al presidente Mauricio Funes en la cual le invocaba a cumplir con la medida cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de Beatriz.
El 29 de abril la CIDH solicitó a las autoridades gubernamentales adoptar las medidas necesarias para implementar el tratamiento recomendado por los médicos dentro de un plazo de 72 horas, de lo contrario se afectarían los derechos a la vida, la integridad y la salud de la madre. Sin embargo, el gobierno nunca respondió al pedido.
Por su parte, el arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar, calificó el caso de "estratagema" para legalizar el aborto.
"Lo que se quiere es abrir la puerta para que hayan abortos" en El Salvador, dijo en rueda de prensa, y afirmó que era falso que Beatriz padecía de insuficiencia renal y que la intención de quienes estaban a favor del aborto era hacer creer que ella "estaba muriéndose".
Finalmente, a Beatriz, quien tenía 26 semanas de embarazo, se le practicó a una cesárea prematura el 4 de junio y la niña falleció a las cinco horas de nacida. Según los médicos que la atendían, Beatriz presentaba contracciones y acumulación de líquido amniótico.
La ministra de Salud María Isabel Rodríguez respaldó la decisión de los médicos que consideraron que el procedimiento era necesario y precisó que la cesárea, al no ser técnicamente un aborto, no se considera delito y por lo tanto no contraviene el fallo judicial.
"En ninguna manera se ha incumplido el fallo de la sala ni la petición de la CIDH, que significaba que se diera toda la protección necesaria para salvar la vida de la madre y se analizara hasta dónde se podía esperar, y hacer todo lo posible por salvar la vida de la niña", dijo la ministra.
En América Latina, además de El Salvador, en Chile, Honduras, Nicaragua y República Dominicana está prohibido el aborto en todas sus formas. Sólo en Cuba, Guyana, Puerto Rico y Uruguay este procedimiento es legal.
Numerosos especialistas coinciden en que las leyes que prohíben el aborto afectan particularmente a las mujeres pobres que se ven obligadas a someterse a abortos insalubres, clandestinos y peligrosos mientras que las mujeres adineradas tienen acceso a procedimientos seguros, sin importar si transgreden la ley.
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