Indios desalojados por hidroeléctrica esperan compensación
Prensa indígena
Panamá (Adital) Esperan compensación por daños desde hace 45 años. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denuncia violaciones, por parte del Estado de Panamá, en contra de 21 comunidades indígenas después de la construcción del proyecto hidroeléctrico, desde 1969, cuando sus territorios originales fueron inundados.
Derecho a la propiedad colectiva, obligación de titulación, legalización y protección de tierras, además de compensación justa y equitativa a los pueblos desalojados son derechos hasta hoy reclamados.
La denuncia se refiere al no cumplimiento, por parte del gobierno panameño, de su obligación de proveer a los pueblos Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano de un procedimiento adecuado y efectivo de acceso a su territorio ancestral, además de requerir respuesta frente a múltiples injerencias por parte de terceros en su tierra y recursos naturales.
La CIDH señala que hay manifestación de discriminación, dentro de una política de asimilación, y ausencia de prevención frente a la invasión de colonos.
La Comisión Interamericana recomendó al Estado concluir, inmediatamente, el proceso de formalización, delimitación y demarcación física de los territorios de esos pueblos, cumplir con justa indemnización y reasentamiento de acuerdo con sus valores, usos y costumbres.
Además, señala que el gobierno panameño debe adoptar las medidas necesarias para la protección del territorio y su gente, garantizando su supervivencia física y cultural, desarrollo y continuidad de su visión de mundo.
"Para que puedan continuar viviendo su modo de vida tradicional y conservar su identidad cultural, estructura social, sistema económico, costumbres, tradiciones distintivas y sistema de justicia", justifica.
El caso fue enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), con sede en Costa Rica, donde está siendo juzgado.
El Cacique de Madungandí, Benjamín García declaró, ante los jueces del gobierno panameño, que no fue realizada la consulta a los pueblos en su propio idioma ni dado aviso sobre el proyecto hidroeléctrico antes de ser iniciado.
"Es muy doloroso. Perdemos algo sagrado, porque la tierra es nuestra madre y nos da todo para subsistir todos los días. Perdemos nuestros recursos naturales y el valor espiritual de nuestros cementerios", expresó García, en la lengua del pueblo Kuna, con la mediación de un traductor.
El líder indígena, de 69 años de edad, indicó que las tierras concedidas por el Estado para compensación no son igualmente fértiles para los árboles frutales y las plantas medicinales de su pueblo.
Dijo además que el Estado no cumplió la garantía de protección de sus tierras, servicios de salud, educación y vivienda.
Héctor Huertas, representante legal de las comunidades y miembro del Centro de Asistencia Legal Popular de Panamá, dice esperar que las comunidades obtengan el derecho de recibir información previa, oportuna y directa antes de la realización de proyectos en sus tierras.
Defiende también que los indios participen en procesos indemnizatorios en decisiones colectivas y compensación proporcional.
El gobierno contesta. "Definitivamente hubo indemnización. Pero, después de 40 años, ellos vienen a decir que no fueron satisfechos", afirmó a la prensa la representante legal del Estado de Panamá, Rosario Granda.
Ella dijo que el gobierno estaría poniendo en vigencia leyes para los derechos indígenas y que habría dado protección constitucional, delimitando un total de reservas indígenas en el país, actualmente el 51% del territorio panameño.
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