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Amenazas para indígenas en las fronteras

Ramiro Escobar
Noticias Aliadas

Otra integración andina es posible

Desde la escena oficial, y desde las grandes ciudades, la frontera suele estar lejos, sobre todo si se le percibe como perdida en las montañas o en la selva. Lo sabe la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), cuando, en un informe reciente presentado en la capital peruana, describe la "especial atención" que le suscitan los pueblos indígenas transfronterizos de Ecuador, Bolivia y Perú.

Otra integración andina es posibleEl documento titulado "¿Qué está pasando con los derechos humanos de los pueblos indígenas?" -elaborado también por el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)- señala, como una de las causas de su preocupación por los pueblos de estas zonas, "las fumigaciones realizadas por el gobierno colombiano en la frontera con Ecuador y Perú, para erradicar los cultivos denominados por ellos 'ilícitos'".

Y añade otra: "La presencia y operación de las fuerzas armadas colombianas" y "el accionar de los paramilitares y de la guerrilla de las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia]". Narcotráfico, guerrilla, militarización, fumigaciones, el cóctel resulta peligroso y parece, en efecto, estar amargando la realidad fronteriza.

No pocas amenazas

Según el analista internacional peruano Ricardo Soberón, una zona como la del río Putumayo, que a través de 1,623 km demarca los límites entre Perú y Colombia, sufre la influencia perversa del tráfico de estupefacientes. En esa zona, por ejemplo, indígenas huitotos y tikunas participarían, de acuerdo a Soberón, en los niveles bajos de la inmensa cadena de esta actividad, ante la monumental falta de otras opciones laborales y económicas.

El clima crispado afecta a todos los pobladores de frontera, pero especialmente a los pueblos nativos, que como recuerda Guido Cornale, representante de UNICEF en el Perú, "siempre están en situación más vulnerable". La apreciación resulta correcta, sobre todo si se observan las constantes evidencias de que los Estados andinos no articulan los territorios fronterizos con las propuestas de desarrollo global de un país, tal como indica Cornale.

UNICEF conoce, de cerca, la caliente realidad de parte de la frontera peruano-ecuatoriana en la zona de la Cordillera del Cóndor, que en 1995 fue escenario de la Guerra del Cenepa. Allí, el organismo internacional ha puesto en marcha el proyecto Promoción del Desarrollo Humano Sostenible en el río Santiago, cuyo objetivo es contribuir a mejorar el nivel de vida de cerca de 55 comunidades awajún y wampis asentadas a lo largo de los 250 km de ambas riberas del río.

Mario Tavera, funcionario de dicha entidad, explica que, en este territorio transfronterizo, hay diversas amenazas, como la explotación aurífera -la mayor parte de carácter informal- o algunas posibles concesiones de hidrocarburos, que causan continua tensión con las comunidades indígenas amazónicas asentadas en esta región.

En el lado peruano, se trata de los awajún y los huambisa; en el lado ecuatoriano, de los shuar y los ashuar. Pero todos pertenecen a la familia 'jíbaro', lo que le sugiere a Pacha Cabascango, indígena ecuatoriana de la etnia kayamby que es funcionaria de la Comunidad Andina (CAN), algo que es rotundo y real.

"La demarcación oficial -sostiene- no coincide a veces con el espacio territorial de los pueblos indígenas y eso es un problema". Las consecuencias son lógicas: cada Estado andino monta sus políticas fronterizas sin tener en cuenta esa realidad histórica y los acuerdos, además, se dificultan por el perfil ideológico de cada gobierno.

Cabascango anota que, por ejemplo, el gobierno colombiano tiene "políticas muy distintas" frente a las fronteras, y a los indígenas, de las políticas de los gobiernos boliviano y ecuatoriano. La falta de sintonía política bloquea los acuerdos.

Desarrollo "con identidad"

La funcionaria dice que, a pesar de las diferencias, se trabaja para lograr un desarrollo en las fronteras "con identidad", es decir, incluyendo, respetando y promoviendo la cosmovisión y cultura indígena. "Hasta no hace mucho -enfatiza- las políticas de la CAN han estado centradas en la economía y el comercio, pero tenemos que ir más allá".

Constantes incidentes revelan la necesidad de que la CAN tenga una política de fronteras consensuada. El 18 de febrero pasado, en el municipio colombiano de Barbacoas del departamento de Nariño (fronterizo con Ecuador), las FARC habrían asesinado al menos a 17 indígenas de la etnia awá, por presuntamente colaborar con el Ejército.

El caso provocó, incluso, la visita de Craig Johnstone, alto comisionado adjunto de las Naciones Unidas para los Refugiados. Pero las investigaciones no avanzan y no parece que la receta para encarar esta problemática sea insistir en el Plan Colombia -la multimillonaria iniciativa antidrogas y antisubversiva impulsada por EEUU desde 1999- que, tal como recuerda Soberón, "sólo ha echado más leña a la fogata", aparte de haber demostrado su penosa ineficacia.

En la frontera peruano-boliviana, para citar otro caso (que se comparte además también con territorio brasileño), también hay problemas. El 20 de julio del 2007, en Rio Branco, Brasil, un pronunciamiento del II Encuentro Trinacional de Pueblos Indígenas de la Frontera Brasil-Perú-Bolivia lo reveló al hacer una serie de denuncias.

Entre ellas se mencionaba la sempiterna ignorancia, en la práctica, del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo unida a las "agresiones sociales, económicas, ambientales y socio-culturales" que sufren estos pueblos "en nombre del llamado 'progreso'". En la lista figuraban la expansión de la frontera agropecuaria, las actividades mineras, la extracción de madera sin control, la exploración de hidrocarburos, la actividad turística desatada y los megaproyectos de infraestructura de comunicación vial y energética.

A la fecha, no hay noticia de que estas demandas hayan sido atendidas puntualmente por los Estados, salvo promesas de coordinación, como la creación en Lima, el pasado 23 de marzo, de la Mesa de Diálogo Permanente entre el Estado y los Pueblos Indígenas de la Amazonía. Una iniciativa interesante, pero que tiene la desventaja de no contar con el apoyo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la más importante organización indígena amazónica del Perú.

¿Hay solución a la vista? En febrero del 2002, Luis Alberto Oliveros, entonces coordinador del Banco de Proyectos de Integración y Desarrollo Fronterizo de la CAN, sostenía que "las fronteras intraandinas deben ser acondicionadas para cumplir el papel de puntos de articulación de nuestras economías nacionales, a fin de operar como una suerte de 'bisagras' que faciliten los intercambios entre los países limítrofes".

Para lograr eso, hay que imaginar las fronteras como zonas activas y a sus pobladores, sobre todo indígenas, como ciudadanos con los mismos derechos y deberes. Seguirlos viendo como "pueblos alejados" no hace más que agudizar la distancia y el olvido.



Publicado: abril 2009

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