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Presos Mapuches, mecanismos pacíficos de resolución de conflictos

Huelga de Hambre Mapuche desnuda a sectores anti democráticos y racistas en Chile

Alfredo Seguel *
Mapuexpress

La resistencia no es terrorismo

Grupos que continúan justificando racistamente la aplicación de la Ley anti terrorista para hacerle frente y contener las legítimas reclamaciones por restitución de derechos del Pueblo Mapuche violados por el estado chileno. Grupos que continúan avalando instituciones de facto y el uso de la violencia para resolver conflictos, que promueven la censura, que continúan anclados a prácticas siniestras y añejas con sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos, son los que comienzan a quedarse al desnudo en el marco de la Huelga de Hambre.

Se dice que detrás de los prisioneros políticos Mapuches hay todo un Pueblo que les acompaña. Así es, hay todo un Pueblo en un sentido lato. Hay cientos, hay miles de personas con conciencia, con sentido colectivo, con información que están activos, acompañando procesos de lucha para exigir que se restituyan derechos violados en el devenir por el estado chileno y/o para defender la existencia Mapuche en el territorio ancestral actual ante la invasión de poderes económicos, en su mayoría de tilde fascista.

Un Pueblo que no olvida que quienes están presos son luchadores sociales y defensores de derechos humanos que han venido ejerciendo la protesta social, la desobediencia civil de diversas formas por justicia, ante la nula voluntad política de un aparato público estatal que no quiere dar cabida a soluciones que son impostergables.

Pero más allá de las legítimas reclamaciones de un Pueblo por sus derechos y de su respaldo a los Presos Mapuches, detrás de ellos debe haber toda persona que apoya y cree en la democracia. En efecto, la huelga de hambre pone al descubierto la verdadera democracia chilena, la que sigue anclada al pasado golpista, la que sigue con instituciones de facto y con un régimen político autoritario. La Ley anti terrorista para hacer frente causas sociales y aberrantes condenas, la competencia de tribunales militares para llevar causas civiles, la existencia de doble procesamientos, la militarización de territorios Mapuches, los montajes comunicacionales, los asesinatos de jóvenes, la represión y criminalización para hacer frente a demandas sociales, son actos abusivos del estado que son herencias de un pasado oscuro y siniestro, que son los síntomas de un estado enfermo que viola derechos humanos.

En esta línea, preocupa la existencia de ciertos sectores fundamentalistas y radicales, en su mayoría del mismo sector oficialista - aliancistas y otros, de ciertos sectores concertacionistas, que promueven el fascismo, el neo colonialismo y el racismo, con ideas ultranacionanalistas que no son capaces de progresar, de evolucionar y que lentamente van quedando al desnudo y en aislamiento.

Separar las Aguas

El Presidente de Chile Sebastián Piñera señalaba este viernes 3 de septiembre a la prensa que "harán todos los esfuerzos por salvar la vida a los detenidos mapuches en huelga de hambre" y agregaba que harán los esfuerzos para modificar la legislación militar y revisarán la Ley antiterrorista, sin explicar su tenor por supuesto y sin el consentimiento de quienes exigen justicia. Piñera concluye en su anuncio oficial "Son señales que el Gobierno da para encontrar una solución que nos permita en este Bicentenario, unirnos todos, más allá de nuestras diferencias, por el Chile que todos queremos", pero más allá de la "unidad" que indica, la crítica situación de lesa humanidad que enfrentan los Presos Mapuches empuja al País y al mundo de los Derechos Humanos a que sean testigos de quiénes realmente están por un camino democrático, con capacidad de reafirmarse o bien, de corregir y/o evolucionar; Y por otra parte, de quienes siguen amparando instituciones antidemocráticas en Chile.

Tampoco se puede llamar a ciegas a celebrar un bicentenario, en unidad, porque no es posible olvidar que hay un territorio ancestral transfronterizo llamado WALLMAPU, territorio del Pueblo Mapuche extendido de Mar a Mar, territorio que hasta fines del siglo 19, hace tan solo 129 años, fue libre y soberano, con organización propia, invadido bélicamente de manera simultánea y coordinada por agentes militares del estado chileno y argentino, con masacres y genocidios, causando progresivamente el reduccionismo, el desplazamiento forzado y el empobrecimiento, hecho por el cual hoy hay presos políticos Mapuches que se mueren del hambre en las cárceles de Temuco, Valdivia, Concepción, Angol y Lebu.

El Gobierno chileno no puede seguir esquivando sus obligaciones, debe asumir en materia de Derechos Humanos si quiere dar señales democráticas, no señales ni gestos como lo ha venido diciendo, sino cumplir con sus responsabilidades, ya que no hacerlo es seguir poniéndose al margen del derecho.

Entonces hay que recordarle nuevamente y exigirle que entre sus obligaciones pendientes están:

  • La implementación plena y efectiva, de buena fe, de las Normativas Internacionales de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y conexiones, como los diversos pactos y tratados, el Convenio 169 de la OIT, la declaración ONU sobre Pueblos Indígenas, que son obligatorias y de primer orden jerárquico dentro del ordenamiento jurídico, político y administrativo de Chile.
  • Adecuación de la legislación local y sectorial de conformidad a esos criterios sobre estándares internacionales.
  • Utilización de los mecanismos pacíficos de resolución de conflictos que establecen las normas internacionales de Derecho, principalmente frente a los hechos que son de carácter político e histórico como los conflictos por tierras ancestrales y de imposición de proyectos de inversión en tierras indígenas.
  • Dar implementación eficiente para los procesos de demarcación y restitución de Tierras ancestrales a comunidades, como parte del conflicto histórico y actual del estado chileno y que han sido conminados a cumplir por órganos como el Comité de eliminación de la discriminación racial y de los Derechos Civiles y Políticos de la ONU, como asimismo, la atención a la rica jurisprudencia que existe en ese sentido, atendiendo la importancia de un territorio suficiente para el desarrollo y Bienestar de un Pueblo.
  • La implementación efectiva, plena y de buena fe de los procedimientos de consulta a los Pueblos Indígenas, sus comunidades y organizaciones frente a iniciativas de políticas públicas, legislativas y administrativas; y reconocer, debidamente el Derecho a la participación atendiendo aspectos políticos y socio culturales.
  • Atender la situación de racismo y discriminación de que son objeto los Pueblos Indígenas en Chile, entre otros, ante las políticas de asimilación y homogenización y exclusión en aspectos educativos, de salud, medio ambiente, como es la contaminación, el deterioro de las actividades económicas locales que se deben revitalizar y asumir, niveles de reconocimiento y valoración.
  • Poner fin a la violencia estructural del estado hacia la protesta social de los Pueblos Indígenas, particularmente en hechos que tienen que ver con legítimas reclamaciones en materia de demandas de tierras y/o defensa de territorios. Escandalosa es la aplicación de Leyes represivas como la Ley antiterrorista que diversos organismos internacionales de Derechos Humanos han conminado a poner fin, ya que son prácticas de facto.
  • Terminar con la existencia de instituciones fácticas como la competencia de los tribunales militares en causas civiles, tal como ordena la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA por la resolución del caso Palamara. Cabe mencionar que lo único que han generado son impunidades a abusos, atropellos y asesinatos ejecutados por agentes uniformados del estado en contra de numerosos civiles, hechos que han quedado en medio de verdaderos planes conspirativos.
  • Reconocimiento de las instituciones tradicionales de los Pueblos originarios, como son sus autoridades; Y Potenciar las economías locales, las tradicionales y la vida rural.

Por el bien de la justicia y por el respeto a la Vida, es de esperar que quienes tienen a su haber el poder de conducción estatal terminen con la insensatez, los abusos, los atropellos y se establezcan rápidas soluciones. La huelga de hambre debe ser comprendida en su magnitud, se debe entender su origen y a su vez, paradójicamente, se ha convertido en una oportunidad para avanzar en post de democracia para dar cabida al diálogo verdadero, pleno, participativo en la búsqueda de reparos y para el cumplimiento cabal de las normas de derechos humanos. Se ha convertido en una oportunidad para darse cuenta de cuánto realmente se ha avanzado, de cuánto hay que corregir y de cuánto se ha madurado.

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* Alfredo Seguel, integrante del Colectivo editorial Mapuexpress y del Grupo de Trabajo por Derechos Colectivos


Publicado: septiembre 2010

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