Indígenas siguen a la espera
Noticias Aliadas
"Las naciones indígenas esperan a la orilla del camino que alguien les convoque para reapropiarse de sus tierras. Ellos son los primeros propietarios de los recursos nacionales y de su explotación racional", afirmó Fernando Lugo al asumir como presidente de la República el 15 de agosto pasado, tras romper 61 años de gobierno del conservador Partido Colorado.
El presidente Lugo se comprometió a priorizar durante su mandato la atención hacia los cerca de 100,000 indígenas del país, pertenecientes a 17 etnias, y anunció que el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) dispondrá este año de US$3.5 millones para las compras de tierras.
Asimismo, designó a la indígena aché Margarita Mbywangui como presidenta del INDI, la primera mujer indígena en conducir esta institución gubernamental.
Con el nombramiento de Mbywangui, la presidencia del INDI volvió a manos indígenas como había sido hasta que esta determinación fue cambiada durante el gobierno del presidente Nicanor Duarte Frutos [2003-2008].
A mediados de noviembre del 2008, sin embargo, algunos grupos indígenas se movilizaron para pedir la dimisión de Mbywangui, alegando que no había respondido a sus reclamos y que solamente favorecía a su comunidad. Esto motivó su relevo por el Presidente en diciembre pasado.
El ministro de Educación y Cultura, Horacio Galeano Perrone, asumió la presidencia interina del INDI hasta que los indígenas decidan en un congreso nacional quién ocupará la nueva presidencia de esa institución.
"El presidente Lugo se comprometió a mantener este espacio en manos de los indígenas, quienes designarán a sus representantes durante un congreso, donde van a participar todas las etnias del país", aseguró Néstor Flores, presidente de la Asociación de Parcialidades Indígenas (API). Dicho congreso está previsto para el 9 de febrero.
Para Flores, de la etnia guarayo, la partidización de la política indígena generó durante mucho tiempo la división de los indígenas y prolongó la postergación de sus reivindicaciones.
"La solución para zanjar esta dificultad es la realización del congreso donde tenemos que constituir un consejo de delegados de cada parcialidad. El pueblo indígena reconoce su derecho sobre la base de las leyes naturales y las leyes escritas", señaló Flores.
Gran deuda del Estado
"Hoy estamos ensimismados en nuestra propia discusión interna, pero hay voluntad de los hermanos indígenas de corregir los impasses para que el INDI vuelva a regirse nuevamente por un Consejo Indígena como lo fue antes, pero que lastimosamente fue eliminado durante el gobierno de Nicanor Duarte. El presidente Lugo demuestra voluntad de mejorar las condiciones de vida de los indígenas, pero también somos conscientes de que en tan poco tiempo no puede hacer tanto", dijo el indígena makã Jorge Martínez.
Los pueblos originarios le dieron nombre al país, Paragua-y (río de los paraguá), y su idioma, el guaraní, es hablado actualmente por el 90% de la población nacional, con un monolingüismo que alcanza al 40%.
Asimismo, estos pueblos le ofrecieron al territorio una inmensa riqueza cultural de costumbres y tradición. Sin embargo, a pesar de estos antecedentes, las deudas del Estado paraguayo para con los indígenas son evidentes. Antes de la llegada del ex obispo católico a la presidencia, la atención y asistencia a los indígenas fue casi nula.
Los líderes indígenas entrevistados por Noticias Aliadas coincidieron en que las demandas más requeridas por la población nativa paraguaya se refieren a la urgente aplicación de la reforma agraria -promoviendo la recuperación de las tierras mal adjudicadas, principalmente las que están en manos de latifundistas-; la documentación y transferencia de las propiedades a las comunidades indígenas; el desarrollo de una agricultura familiar y comunitaria; la asistencia para la producción de aves y otros animales domésticos, y el abastecimiento de víveres para la subsistencia.
La asistencia integral (acceso a la salud, a la educación, etc.) desde las instituciones gubernamentales es también una demanda principal de los indígenas paraguayos, muchos de ellos sin identidad reconocida en el registro civil, los llamados indocumentados.
"La espera ha sido mucho tiempo, las pocas ayudas que hemos tenido han sido más bien de las organizaciones no gubernamentales, mientras el Estado ha quedado estancado, existiendo únicamente en épocas electorales para los que teníamos documentos, bajo falsas promesas; una de las prácticas comunes de los partidos tradicionales, principalmente del Partido Colorado. Esa es una de las razones por las cuales muchos de los indígenas están mendigando en las ciudades, perdiendo poco a poco sus valores tradicionales y abandonando las comunidades", señaló Martínez.
El líder del pueblo indígena enxet, Gabriel Fernández, de la comunidad Curupayty del departamento chaqueño de Presidente Hayes, coincide con Martínez al decir: "Es un momento muy importante el que está viviendo el Paraguay, hay mucha deuda del Estado paraguayo para con los indígenas, pero también sabemos que en poco tiempo no puede hacer mucho el nuevo gobierno para revertir años de postergación".
Reclamos históricos
Entre los reclamos indígenas que el gobierno de Lugo debe atender se encuentra la situación del grupo indígena ayoreo-totobiegosode, que vive en aislamiento voluntario en el bosque de la zona denominada Amotocodie, en el norte del Chaco paraguayo, cuyo hábitat está siendo destruido por una empresa ganadera brasileña.
Preocupada por los ayoreo-totobiegosode, la Coordinadora por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas, que aglutina a 15 asociaciones de las regiones oriental y occidental, remitió en octubre una misiva al presidente Lugo en la que le solicitaban que se detuviera la destrucción de sus bosques para protegerlos de las actuales violaciones de sus derechos culturales, ambientales y territoriales, y adecuarlos éstos a los preceptos constitucionales.
Están también los enxet del Bajo Chaco, que desde hace 16 años acampan al costado de una carretera reclamando por sus tierras tradicionales usurpadas. Ante ello el presidente Lugo, después de una reunión mantenida con el grupo indígena el pasado 20 de noviembre, remitió al Congreso un anteproyecto de expropiación de dichas tierras, para su tratamiento y aprobación.
Situación parecida vive la comunidad indígena yakye axa, que reclamaba 15,000 Ha de la finca Loma Verde, ubicado en el distrito de Villa Hayes, también en el Chaco, donde muchos de la comunidad nacieron y crecieron, y donde están enterrados sus antepasados. El 13 de julio del 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en contra del Estado paraguayo en este caso, pero a más de tres años de ese fallo, el Paraguay ha violado el plazo establecido por la Corte que indicaba un máximo de tres años contados a partir de la notificación de la sentencia.
Hasta el momento, esa comunidad no posee un solo metro cuadrado de su tierra ancestral, y sigue viviendo en condiciones infrahumanas al costado de una carretera, esperando que algún día se le restituyan sus territorios patrimoniales.
Si bien este gobierno muestra voluntad política para mejorar la situación de los pueblos originarios, aún el Estado paraguayo no ha implementado políticas profundas que aseguren las condiciones de vida, de producción y de protección, cumplimiento y fortalecimiento de sus derechos fundamentales, tal como lo establece la Carta Magna.
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