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Pueblo mapuche vs Benetton, el conflicto continúa

Fernanda Sánchez
Comunicaciones aliadas

Puesto mapuche
Pueblo mapuche se organiza para hacer vigilancia en comunidad Pu-Lof en Resistencia Vuelta del Río. / Carlos María González Quintana

Argentina. La recuperación de su territorio ancestral constituye un "volver a casa" para la comunidad mapuche.

En mapudungun, el idioma de los mapuches que habitan ancestralmente el extremo sur de América, hay un único verbo que alude a la acción de irse como la de volver: amutun. Y puede que no haya nada de casual en eso, porque este pueblo originario -que nunca abandonó del todo la tierra que los colonizadores le arrebataron hace más de 100 años- protagoniza cada tanto algún nuevo reclamo.

El más reciente de estos episodios sucedió en la madrugada del 10 de enero en la comunidad mapuche Pu-Lof, cuando unos 200 efectivos armados de Gendarmería de la provincia de Chubut, en pleno corazón de la Patagonia, se presentaron en el paraje Vuelta del Río, localidad de Cushamen. Los gendarmes cumplían una orden del juez federal Guido Otranto de desalojar a un pequeño grupo de familias originarias, asentadas desde marzo del 2015 en plena estepa patagónica, buscando recuperar ese territorio que desde 1994 se encuentra en posesión del empresario italiano Luciano Benetton, accionista mayoritario de la empresa Compañía de Tierras del Sud Argentino.

Desde su llegada hace dos años, el asentamiento mapuche -autodenominado Pu-Lof en Resistencia Vuelta del Río- está en conflicto con el gobierno provincial que no quiere a indígenas asentados ahí. La comunidad Pu-Lof no habla de "intrusión" ni de "ocupación", sino de una vuelta a casa, porque lo que promueve es el auto reconocimiento de todos los mapuches como tales, para luego pasar a la recuperación del territorio.

Según la abogada Sonia Ivanoff, defensora de los mapuche, "la raíz de todo este conflicto hay que buscarlo a fines del siglo XIX, cuando sectores oligárquicos decidieron incorporar al naciente Estado argentino territorios tradicionalmente ocupados por pueblos indígenas. El Chubut fue entregado a compañías inglesas a cambio de un empréstito en libras esterlinas. Como solemos decir, se entregaron tierras con los indios adentro y esta situación es la que viene a reivindicar el Lof [organización social mapuche], no sólo por los derechos que hoy se le reconocen a los pueblos indígenas sino porque hoy el pueblo mapuche y tehuelche vive en las peores condiciones. De allí que desde marzo del 2015, varias familias mapuche decidan reivindicar parte de este territorio que era suyo, del que fueron despojados, que luego fue cedido a la compañía inglesa y finalmente adquirido por los hermanos Benetton".

Pese a sucesivos y a menudo violentos intentos de desalojo, el grupo ha permanecido en el lugar y han colocado carteles que rezan "Territorio Mapuche" y "¡Fuera Benetton!".

Represión vivida

"La avanzada fue de Gendarmería, con un camión, avión hidrante, un dron y más de 200 efectivos", resume a Noticias Aliadas el abogado Carlos María González Quintana, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba, quien estuvo presente en el lugar durante el operativo policial de enero. El pretexto alegado para semejante despliegue de fuerza fue que se habían bloqueado las vías de un antiguo ferrocarril conocido como "La Trochita", hoy reconvertido en tren turístico.

Según González Quintana, "en Pu-Lof hay sólo 18 personas, entre las cuales hay cuatro mujeres y nueve niños".

La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), que agrupa a organizaciones sociales en todo el país, emitió un comunicado denunciando que en las 10 horas que los efectivos permanecieron en el lugar los indígenas estuvieron "totalmente incomunicados y por la violenta forma en que procedieron, no existió respeto por ningún tipo de derecho humano" y fueron sometidos "a tratos altamente racistas y degradantes".

Al día siguiente, el panorama se enrareció aún más y cerca de las 8:00 pm, según relato de los testigos, se presentó en el lugar una camioneta con personal de Gendarmería en su interior.

"Se escuchaba la voz de quien comandaba a los uniformados diciendo: ‘Disparen, disparen, hay que matar a uno’", afirma la UAC.

Asimismo, los gendarmes arrasaron la ruca (vivienda comunitaria) en la que en esos momentos sólo se encontraban mujeres, ancianas y menores. Además efectuaron disparos, dejando dos mapuche heridos de gravedad. Siete pobladores fueron detenidos e incomunicados.

Frente a esto, la reacción de las organizaciones no se hizo esperar. El Equipo Nacional de la Pastoral Aborigen, grupo eclesial católico, sostuvo que la represión había priorizado "el interés de extranjeros por sobre el de los pueblos indígenas, preexistentes al Estado argentino, y lamentamos el sufrimiento generado a tantos miembros del pueblo Mapuche con quienes nos solidarizamos. El respeto por los derechos de los pueblos indígenas no se logrará criminalizando sus reclamos".

También se expresaron críticamente Amnistía Internacional, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y varios diputados y senadores impactados por lo desproporcionado de la represión.

"A una mujer le quebraron un dedo, varios niños fueron golpeados y las fuerzas represivas se llevaron los animales de la comunidad: una vaca y sus dos terneros [la vaca y uno de los terneros murieron] además de los caballos. Esto fue un intento claro de aislarlos para reprimirlos, ya que en la zona no hay teléfonos ni radio, y los mapuche sólo cuentan con sus caballos para movilizarse", explica González Quintana. Destruyeron además la huerta comunitaria y los cultivos, dejándolos así sin la cosecha con la que contaban para poder sobrevivir.

A sangre y fuego

Las autoridades locales han tratado que los integrantes de la comunidad mapuche Pu-Lof sean catalogados como "terroristas", lo que la misma justicia descartó en julio del año pasado. Sin embargo, y no por casualidad, el fantasma del terrorismo volvió a agitarse. Los diarios argentinos, en vez de informar sobre la represión sufrida por los mapuche a manos de las fuerzas de seguridad, pusieron el énfasis en la figura del activista mapuche Facundo Jones Huala, un joven de 31 años nacido en Argentina y con causas penales en Chile por incendio de campos y otros delitos menores.

"Facundo Jones Huala, un mapuche violento que le declaró la guerra a la Argentina y Chile", tituló el diario Clarín.

Jones Huala se presenta como parte de un grupo de reivindicación indígena llamado Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) que resalta el derecho sobre las tierras de las que fueron expulsados hace más de un siglo. Promueve además la recuperación de las tradiciones culturales y la unión de lo que llaman "el pueblo nación mapuche". No pocos descendientes de pueblos originarios que hasta hace muy poco sobrevivían en los suburbios de las ciudades patagónicas se han hecho eco de ese llamado.

Tal vez porque, como bien señaló el Equipo Nacional de la Pastoral Aborigen, no se puede "imponer a sangre y fuego un orden basado en la injusticia, el despojo y la negación de los derechos de los pueblos indígenas. La violencia y la represión estatal sólo pueden generar más injusticia y menos paz social".

El Estado argentino fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por esta última y brutal acción. Tres meses después de ocurridos estos hechos, la calma ha regresado al Pu-Lof en Resistencia Vuelta del Río, pero sólo resta saber por cuánto tiempo.



Publicado: abril 2017

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