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La discapacidad en Perú año 2013

Jorge Paredes Romero

Perú en estos días se encuentra, entre otros temas, ocupado en reglamentar la reciente Ley 29973, Ley de la Persona con Discapacidad, al mismo tiempo otros temas preocupantes son la inseguridad ciudadana y la corrupción a todo nivel, que de alguna manera son contextuales en la discapacidad, porque la delincuencia origina muchos accidentes de tipo discapacitante y la corrupción es un mal que pervierte las leyes y su cumplimiento.

Hace 14 años, 1999, se promulgó la ley 27050, de la persona con discapacidad, que hizo sonar aplausos en todo el país, muchos dijeron por fin la solución a la problemática, se hablaba de oficina municipales, de inclusión en salud, educación y trabajo, es decir de enormes beneficios para una minoría de importancia, ya que se calcula existen en el país aproximadamente más de cuatro millones de personas con discapacidad, pero a esto habría que unirle sus familias por razones obvias, de modo que representamos un colectivo que tiene oportunidad electoral, que lamentablemente no ha sido aprovechado hasta hoy, salvo algunos personajes que han acarreado votos y una vez encumbrados se olvidaron de sus electores. Estos tienen presencia en el legislativo mas no sirven a sus electores, las personas con discapacidad, por lo menos en la demanda elemental de ese colectivo, como es el cumplimiento de la ley.

Ahora con esta nueva ley deberán considerarse temas fundamentales como son: prevención, educación, salud, trabajo, vivienda, sobre todo el trabajo debería ser visto con carácter social, ya que dentro de este colectivo existen muchos profesionales y técnicos que muy bien podrían dirigir sus propias empresas y por ejemplo producir una serie de elementos de ayuda a precios sociales, nosotros lo propusimos vía televisión al entonces presidente Alberto Fujimori, quien desoyó el clamor y es que estaba ocupado en otros menesteres, que son los que ahora lo tienen encarcelado. Siempre se hizo política con este tema y con todos los demás, se abusó de la palestra para prometer a los viejitos, jubilados, los sin vivienda, los licenciados, asegurados, etc., para luego de ser elegidos olvidarles, de modo que estos colectivos están permanentemente frustrados de quienes utilizan el discurso político para aprovecharse de sus votos en las contiendas electorales.

Lo que hemos venido observando a lo largo de los años es la descomposición de valores y la perversión de la vocación de quienes dicen ser políticos, los únicos que de alguna manera podrían hacer algo por este u otros colectivos, son quienes proponen, redactan leyes y los que en otras instancias las hacen cumplir, como autoridades o funcionarios, pero lamentablemente, reitero, la descomposición moral de este sector de políticos ha ocasionado el deterioro de la legalidad y el buen uso de los recursos del estado. Toda ley es promulgada con sus respectivos recursos financieros, en el caso de la ley 27050 se dice en el art. 10º que debería instituirse una Oficina Municipal de atención a las personas con discapacidad en cada municipalidad del país en Perú existen 24 regiones, 195 provincias, 1834 distritos, es decir contamos con 2,029 alcaldes distritales y provinciales, de modo que deberíamos tener esa misma cantidad de OMAPEDs lo cual no es una realidad, si existiera esas oficinas a nivel nacional en cumplimiento de la ley 27950 de 1999, entonces Perú sabría en este momento la cantidad exacta de PcD, sus necesidades, sus potencialidades, etc., etc., pero no es así, han transcurrido 14 años desde aquella aplaudida ley, quienes se llenaron la boca con ese logro hoy ocupan sillones de poder como el Sr. Wilfredo Guzmán Jara, eterno presidente de la CONFENADIP, quien ha paseado el mundo con cargos mundiales de PcD, sin embargo ahora en el CONADIS, Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, no tiene actos que justifiquen funcionalidad, lugar donde ha sido nombrado ya que no alcanzó un curul, porque su postulación al Congreso no dio los frutos esperados. Esto sucede con muchos políticos en Perú que ocupan sillones, cargos, oficinas representativas en las que vegetan y nada hacen por los colectivos que dicen representar, reciben sueldos protegen a sus allegados y allegadas y se rodean de oropel y platillos, pero nada hacen por quienes deben trabajar. Esto ha venido sucediendo a lo largo de siglos en Perú, no solo en el sector discapacidad sino en cualquier otro sector, por ejemplo magisterio, salud, trabajo, en donde existen personajes eternos que se rodean de camarillas y de truculentas historias como el Sr. Huaman en el sector trabajadores, Delgado en los consumidores, ahora en el congreso, Diez Canseco en discapacidad, Barrón con los jubilados, de modo que esas personas se atornillan en la política y van rotando en cargos, pero al final nada positivo para quienes los eligieron.

Tal es el caso ahora del sector discapacidad, con una población enorme que lamentablemente deja ya de ser una minoría desapercibida, cosa que no debería suceder. Las enfermedades y accidentes discapacitantes deben desaparecer de las estadísticas, es algo que se puede evitar con prevención, con mejores leyes y que se cumplan no se transformen en letra muerta. Por ejemplo durante años hemos visto en Perú innumerables accidentes en el sector construcción, cuando en el afán de abrir sótanos o construir edificios en zonas urbanas, socavan terrenos con pésima tecnología y se producen derrumbes que dejan muertos y heridos que pasan a engrosar las estadísticas y por ende las necesidades para proteger a ese sector que muchas veces resultan odiosos. Las personas con discapacidad son permanentemente excluidas de muchos beneficios, porque consideran que son consumidores que no producen, nadie piensa en previsión social, y la salud, ya que nadie está libre de una situación así, sobre todo en el caso de un problema cardiovascular o una fractura de cadera o un nacimiento no esperado con secuelas patológicas, peor aun cuando no se tiene información, por ejemplo el caso de la distrofia muscular, pocos saben que las mujeres no son sintomáticas pero si portadoras, de modo que debe informarse en familias donde hay distrofia muscular, que la mujer debe tener cuidado en procrear, para romper la cadena patológica.

Debe a temprana edad descartarse cualquier síndrome para darle atención precoz y así disminuir la carga funcional y hacer de la rehabilitación una fortaleza bien utilizada, a tiempo y de calidad.

Debe atenderse todo lo concerniente a vacunas, a nutrición, la atención adecuada de enfermedades cardio-respiratorias para evitar más tarde patologías discapacitantes, es decir el trabajo de legisladores líderes, médicos, educadores, y sociedad en general es enorme, pero todo ello debe ser cubierto con financiamiento, una campaña cuesta dinero, para ello se recurre al erario, a la caja del estado, esto debe ser contemplado en los presupuestos anuales, pero se da mayor importancia a las armas, a los sueldos de altos funcionarios, a la creación de ministerios y a los esfuerzos insulsos para un mismo fin, por ejemplo la salud esta diversificada en subsistemas innecesarios, debería existir solo un sector salud, pero no la estatal, EsSalud, cada cuerpo militar, SIS, por otro lado la creación de negociados en la previsión social léase AFPs cuando la ONP es suficiente para dar cobertura a la previsión social, no necesitamos de negociados creados por un personaje en un gobierno corrupto.

Ojala la reglamentación de la nueva ley 29973 tenga el cuidado de contemplar todo lo suficiente, para que por fin esta ley sea el instrumento legal para dar solución a toda la problemática, de un sector que por muchos años ha sido excluido de todo acto gubernamental y solo ha sido objeto de lástima, ayudas y óbolos que nada solucionan sino más bien pervierten el tema. La discapacidad no es incapacidad, mejor debemos decir personas con limitaciones físicas y/o sensoriales, se debe buscar la profesionalización, la rehabilitación pero sobre todo la prevención y disminución de tanta enfermedad que puede evitarse.



Publicado: marzo 2013

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