Criminalización de defensores de la tierra
Prensa indígena
Guatemala. (Desinformémonos) Para detener el empeño de las comunidades que se oponen al despojo, las autoridades y la empresa Ecoener Hidralia Energía recurren a leyes contra el crimen organizado y manipulan testigos. "Nunca habíamos sido perseguidos, hasta que llegó la empresa", declara una lideresa.
La proclamación del estado de sitio decretada por el presidente de la República, Otto Pérez Molina, el día 2 de mayo de 2012, no sirvió para detener a los responsables de la muerte de Andrés Francisco y de las lesiones de Pablo Antonio y Sebastián Bernabé.
Pero sí para detener a 12 personas, la mayoría líderes comunitarios que desde 2009 se oponían abiertamente a las acciones de la empresa Ecoener Hidralia Energía. Estas detenciones se suman a la lista de otros 23 líderes cuya orden de captura se dio a conocer el 17 de abril.
Después de aquellos trágicos días de inicios de mayo, los barillenses hicieron lo posible por volver a su vida diaria, y el 18 de junio participaron en la Jornada por la Paz y la Unidad, convocada en memoria de don Andrés Francisco Miguel.
Sin embargo, las autoridades y la empresa Ecoener Hidralia Energía no parecen dispuestos a cejar en su empeño de desmovilizar a las comunidades que se oponen a sus actividades.
El miércoles 25 de julio, sorpresivamente, el Juzgado de Primera Instancia de Santa Eulalia dio a conocer que existen órdenes de captura contra 33 personas más por "plagio y secuestro, amenazas e instigación a delinquir" , en la causa 65-2012, la misma que ya había emitido las 23 órdenes previas.
Con la misma impunidad con la que se hicieron las detenciones el 2 de mayo y después se catearon tres aldeas, ahora presentan a un nuevo testigo que es capaz de recordar a 33 personas más por hechos de hace meses, y que casualmente también son todos líderes y activistas por la vida y los bienes naturales, reconocidos en la comunidad.
Sergio Vives, abogado de tres de los acusados, considera: "la persecución penal que se da bajo el pretexto de este caso es en contra de líderes, hombres y mujeres que han asumido la reivindicación por los hechos ocurridos el 1 de mayo de este año, cuando fue asesinado un líder y resultaron heridos dos más".
Hermelinda Claret Simón Diego, una de las defensoras de derechos humanos que tiene orden de captura y es criminalizada por luchar a favor de la vida y la paz, señala: "me acusan de otras cosas donde nunca he estado, porque me acusan de que yo he participado en la quema de maquinaria, en la detención de la seguridad de la empresa.
Y prácticamente ahorita, en el municipio los líderes y lideresas estamos siendo perseguidos por lo que otras personas han causado o por lo que ha pasado y hay mucha preocupación, mucho miedo, porque me acusan de algo que no he hecho".
A las personas detenidas el 2 de mayo, a pesar de que nadie las reconoció como responsables de las acciones que se les imputa, se les acusa de formar parte de una asociación clandestina: "lo están enfocando con base a la ley de combate al narcotráfico", advierte el abogado. Y afirma rotundamente:
"Los acusan sin mayor fundamento, es una tergiversación de la figura delictiva que está enfocada para actividades de narcotráfico, ahora contra una organización de carácter comunitario que se opone a un proyecto."
Por todo esto, los abogados defensores no dudan en considerar que "se está utilizando el proceso penal como un instrumento punitivo para criminalizar, perseguir y desarticular a los líderes del movimiento social de Barillas que se oponen a la construcción de la hidroeléctrica por parte de la empresa Hidro Santa Cruz, en la cual son accionistas personas españolas.
Lo que están logrando básicamente con la estrategia de criminalización y persecución penal es desarticular al movimiento de oposición a la construcción de la hidroeléctrica, en principio". Hermelinda Claret Simón Diego corrobora esta impresión: "Lo único que hemos hecho con las comunidades es defender nuestro territorio, defender la tierra, defender la madre naturaleza".
La Asamblea Departamental por la Defensa del Territorio – Huehuetenango (ADH) denuncia que mientras desarticulan a la población opuesta a sus planes, la empresa está tratando de eximirse de sus responsabilidades en la muerte de Andrés Francisco Miguel con base en la compra de testigos.
También ha organizado una "mesa de diálogo" sólo con asociaciones locales cooptadas, en la que evidentemente no hay presencia de las comunidades afectadas, que son las que se oponen. De esta manera, continúa actuando por encima de ley obviando las dos veces que la municipalidad de Barillas le ha negado el permiso de construcción y mostrando todo lo que está dispuesta a hacer para lograr sus fines.
Finaliza Hermelinda: "Nunca en la historia de Barillas hemos sufrido persecución, hasta que llegó la empresa. Nunca como líderes, nunca como lideresas habíamos sido perseguidos, hasta que la empresa llega y hace todo eso a las comunidades".
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