Campesinos indígenas toman la iniciativa
Noticias Aliadas
Guatemala. Visiblemente exhaustos luego de su agotadora marcha de 200 km desde varias partes del país, incluyendo las montañas del Quiché y el norteño departamento de Huehuetenango, más de 1,500 indígenas ingresaron a Ciudad de Guatemala el 26 de marzo.
La marcha incluyó un gran número de mujeres mayas, que cruzaron el país cargando a sus niños en sus espaldas, envueltos en sus tradicionales mantos. Sus pies estaban seriamente agrietados cuando llegaron a la capital.
Su arribo al Parque Central, donde colocaron banderas rojas frente al Palacio Nacional, fue la culminación de la "Marcha indígena, campesina popular por la defensa de la Madre Tierra, contra desalojos, la criminalización y por el desarrollo rural integral", organizada por el Comité de Unidad Campesina (CUC), que se inició el 19 de marzo en la ciudad de Cobán, capital del norteño departamento de Alta Verapaz.
Decenas de organizaciones indígenas, campesinas, laborales, de mujeres y de derechos humanos se unieron a los integrantes del CUC en su marcha hacia Ciudad de Guatemala.
"Ya vienen bastante cansados pero con esperanza", dijo el líder del CUC, Daniel Pascual cuando la marcha ingresaba a la capital.
Antes que los manifestantes arribaran a su destino, el presidente Otto Pérez Molina intentó persuadirlos a que regresaran y ofreció negociar si detenían su marcha. Los participantes rechazaron de plano la oferta y continuaron con su agotadora caminata de nueve días.
Los manifestantes habían permanecido dos días acampando en el Parque Central cuando Pérez Molina inició las conversaciones con los líderes del CUT, que se alargaron hasta la madrugada. Al término de la reunión, Pascual salió satisfecho y declaró que "lo que logramos no es todo lo que veníamos exigiendo pero es un avance fundamental".
Presidente intenta contemporizar
Pérez Molina planteó una serie de compromisos que incluyen subsidiar la compra de tierras a más de 100 familias campesinas y cooperativas que deben al gubernamental Fondo de Tierras un total de 300 millones de quetzales (US$ 38.8 millones) y otorgar una finca en el valle Polochic, ubicado en el centro de Guatemala, entre Cobán y el lago Izabal, para albergar a 14 familias campesinas que en marzo fueron desalojadas violentamente de tierras pertenecientes a la plantación azucarera Chabil Utzaj.
Aunque el CUC había solicitado un préstamo al Fondo de Tierras para adquirir legalmente el terreno ocupado por esas familias y se había instalado un diálogo para negociar un acuerdo con Chabil Utzaj, que pertenece a la poderosa familia Widmann, un juez de Cobán autorizó el desalojo de los asentamientos de Miralvalle y Aguas Calientes.
Mientras la Policía prendía fuego a las chozas y destruía los cultivos de maíz se produjo un violento choque entre los agentes y los campesinos, durante el cual Antonio Beb Ac resultó muerto a consecuencia de graves heridas. Inicialmente las autoridades negaron que Beb Ac hubiera sido golpeado por los policías y afirmaron que se había infligido las heridas con su propio machete.
Luego del incidente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una medida cautelar a favor de las comunidades campesinas desalojadas.
Otras demandas acordadas con Pérez Molina incluyen una moratoria a la minería y a proyectos hidroeléctricos, y el retiro de tropas del municipio de San Juan Sacatepéquez, donde la comunidad maya kaqchikel se ha opuesto rotundamente a la instalación de una fábrica de cemento que contamina el medio ambiente y ya ha provocado daños a la salud.
Las tensiones entre el gobierno y los habitantes de San Juan Sacatepéquez llegaron a su punto más alto en junio del 2008 cuando la Policía arrestó a 47 líderes de la comunidad. Pocos días después que la población linchara a Francisco Tepeu Pirir, acusado de aceptar sobornos de la corporación Cementos Progreso a cambio de apoyar el proyecto, el gobierno envió tropas para poner fin a la revuelta. Los efectivos fueron acusados de cometer graves violaciones a los derechos humanos de la comunidad tales como ataques sexuales contra las mujeres y registrar casas sin orden judicial.
El conflicto continúa hasta ahora y en enero pasado el gobierno de Pérez Molina anunció que se mantendrá en forma permanente un destacamento militar en la zona. Sin embargo, durante las negociaciones, Pascual y otros líderes campesinos enfatizaron que esas medidas son inaceptables ya que las Fuerzas Armadas no pueden ser usadas para resolver asuntos civiles.
Congreso acuerda impulsar proyectos de ley pendientes
Además de los compromisos asumidos por el Ejecutivo, los líderes de 11 diferentes partidos políticos en el Congreso firmaron una resolución para impulsar una serie de iniciativas legales que permanecen estancadas, tales como las leyes de Desarrollo Rural Integral, de Lugares Sagrados, y de Radios Comunitarias, entre otras.
La Ley de Desarrollo Rural Integral, dirigida a mejorar la seguridad alimentaria al democratizar el acceso a la tierra, fue presentada en el 2009 durante el gobierno del ex presidente Álvaro Colom (2008-2012). Aunque fue aprobada por la Comisión de Agricultura del Congreso, todavía no ha sido debatida por el pleno.
Actualmente, 70% de la tierra cultivable en Guatemala está en manos de 0.15% de los productores, y aunque la ley no contempla una reforma agraria, los grandes terratenientes temen que su promulgación pueda llevar a una transformación del modelo semifeudal de propiedad de la tierra. Por esta razón, la ley permaneció estancada durante todo el mandato de Colom y su aprobación constituye una de las principales demandas de los grupos indígenas.
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