Paro nacional y luna de miel
Alai Amlatina
Honduras. El gobierno de la República y el FMI no dan tregua, lo que se acepta en las mesas de negociación debe cumplirse, caso contrario se corre el riesgo de quedarse el país sin Convenio (¿gran logro?) y sin plata adicional para enfrentar desequilibrios financieros y gozar de la credibilidad de los prestamistas para seguir con la espiral del endeudamiento que se acerca al 55%/PIB.
Ya van más de 20 días de huelga en los centros de salud y educativos del país, sin que el gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH), ofrezca un espacio para el diálogo franco a los dirigentes de la Plataforma de Lucha por la defensa de la salud y educación pública, ya que se busca la privatización de los servicios como una condicionalidad avalada por el FMI para suscribir un nuevo acuerdo. Contrario a ello, el gobierno manifiesta que los decretos privatizadores no serán derogados, ya que lo que se busca es lo contrario: fortalecer con recursos presupuestarios los hospitales y colegios y escuelas; pero lo que no dice, es que las correas saldrán del mismo cuero, o sea de los recortes de sueldos y salarios por despidos masivos.
El gobierno también ha denunciado que varios dirigentes magisteriales han sido sindicados como corruptos y lavadores de activos, por lo que las tomas de centros asistenciales, calles y carreteras son un chantaje al gobierno para que no sean juzgados y encarcelados.
Para el día jueves 30 de mayo de 2019, se anuncia un paro nacional, convocado por la Plataforma de Lucha, pero el gobierno en vez de llamar al diálogo, anuncia despidos y deducciones de sueldos y salarios. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) se ha ofrecido como mediador entre las partes, pero a juicio de los dirigentes gremiales lo que tienen que hacer los empresarios es convencer al gobierno para que derogue dichos decretos, leoninos para la salud y educación del pueblo hondureño. Igual, el Foro Social de la Deuda Externa (FOSDEH), llama a derogar dichos decretos y retomar un diálogo franco y abierto, en tanto los impactos para la economía, salud y educación del pueblo hondureño son incuantificables.
Esta crisis en salud y educación ocurre cuando los cambios institucionales ejecutados por el gobierno (ministros de salud y educación) y nombramiento de comisiones burocráticas y altamente politizadas, han fracaso, por lo que la Presidencia de la República tiene desde ya la pelota en su cancha, en tanto parte de los diputados del Congreso Nacional por el Partido Nacional no quieren seguir sosteniendo una legislación antipopular.
Al paro se ha sumado varias organizaciones campesinas, étnicas y de la sociedad civil, por lo que en vez de debilitarse el movimiento se ha fortalecido. En el caso de la UNAH, el apoyo ha sido total. Este movimiento es gremialista y supera las consignas de los partidos de oposición y se sale de la práctica política-partidista donde se negocia debajo de la mesa y entre bastidores. Incluso, aunque los decretos privatizadores fueran derogados, la Plataforma seguirá vigente y exigirá una educación y salud de calidad, igual combate a la corrupción e impunidad. Hay que elaborar una agenda de trabajo de mediano plazo, que defina las acciones a ejecutarse, operativizando un mecanismo de consulta permanente a las bases. Una de las debilidades del movimiento de indignados por la corrupción en el IHSS, lo fue la ausencia de esta agenda, con consultas periódicas y no permanentes a las bases.
Desde ya se habla de conformar un proyecto de país alternativo al impuesto en la actualidad, en el marco de las luchas de la Plataforma Gremial, por lo debería integrarse un equipo técnico que elabore una propuesta, abarcando todas las áreas y sectores de interés. Una de las prioridades es el cambio de la matriz productiva con criterios ecológicos y sociales, frente a la apuesta post golpe de Estado (junio 2009) por privatización de los recursos naturales y servicios, sin que la población se beneficie de ello.
La luna de miel entre el gobierno y los empresarios, especialmente maquiladores, está llegando a su fin, ya que es casi imposible sostener una política de desarrollo con base a bajos salarios y empleos de mala calidad. De hecho, un gran número de personas que se suman a las caravanas de migrantes, manifiestan que abandonan el país por la inseguridad, bajos e insuficientes salarios que no les permite salir de la pobreza. En tal sentido, los llamados agro e industriales deben exigir mayor participación y la vigencia de políticas inclusivas que permitan la generación de un mayor valor agregado en procesos y productos.
Otra luna miel que está llegando a su fin, es la del gobierno con dirigentes de centrales obreras que avalaron la promulgación de los decretos privatizadores, y manifiestan en contra de las acciones de la Plataforma de Lucha y buscan desestabilizar la organización. Varios de estos dirigentes han sido cuestionados por actos de corrupción, por lo que con sus acciones desestabilizadoras buscan que JOH y Poder Judicial no actué sobre ellos.
Tanto dentro de la Plataforma de Lucha y Partidos de Oposición, hay que abrir espacios de participación a nuevos militantes y dirigentes no contaminados, pero que apoyen nuevas iniciativas para la transformación económica, productiva y social del país.
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