YPF
Argentina (Sudestada). Después de casi dos décadas de rapiña, una porción mayoritaria de la empresa petrolera nacional vuelve a manos de su legítimo dueño: el Estado argentino.
¿Importa ahora que quienes ayer impulsaron su privatización hoy aplaudan esta decisión? ¿Interesa que aquellos cómplices del vaciamiento, de la estafa descarada, de años de daño ambiental, hoy se asomen como defensores del patrimonio de la patria?
¿Alguien recuerda ahora a los miles de trabajadores despedidos, a los pueblos patagónicos enterrados en el olvido, al proyecto de país clausurado por una política capitalista que contó con la aprobación de los partidos mayoritarios?
¿Nadie pregunta qué pasó con los desocupados de Cutral Có, de Plaza Huincul, de General Mosconi, que fueron los únicos en salir a la ruta a resistir el despojo y fueron reprimidos salvajemente por Gendarmería, mientras los funcionarios de turno nacionales y provinciales se refugiaban en sus despachos y limpiaban las alfombras para recibir a esos inversores que hoy, a la distancia, critican?
¿No habrá llegado el momento de rendir cuentas para los responsables y los cómplices del saqueo, para la pérdida millonaria de un recurso estratégico, para tantos que financiaron sus campañas electorales con el dinero de la corporación multinacional con la que hoy confrontan?
Lejos del patriotismo de escarapela y del nacionalismo berreta de los cantitos de tribuna, muchas preguntas siguen sin respuesta.
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