LatiCe Aline Espinosa Gutierrez
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Expertas en Derechos Humanos de las niñas llamaron a que la sociedad y autoridades mexicanas dejen de normalizar los embarazos en menores de edad, pues estos son resultado de la violencia sexual que ejercen personas cercanas a ellas como sus tíos, abuelos, padres o hermanos, lo que las aleja de vivir una vida libre de violencia y limita su desarrollo social y profesional.
Durante el programa de radio “Análisis Feministas”, conducido por la periodista y directora de Comunicación e Información de la Mujer (Cimac), Lucía Lagunes Huerta, las expertas detallaron que México ocupa el primer lugar entre los 36 países de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en embarazos de menores de edad, por ello es indispensable que se desarrollen acciones efectivas para eliminar esta problemática que va en aumento.
En su opinión, los embarazos en menores de edad incrementaron en el país, en particular en Oaxaca y Veracruz. Situación que recrudeció debido a la llegada de la pandemia, ya que las niñas y adolescentes se vieron obligadas a estar en confinamiento con sus agresores y prevalece la cultura de encubrir a éstos, por lo que las menores de edad son llevadas a los servicios médicos muy tarde cuando ya no es posible la interrupción de un embarazo.
“Lamentablemente el hogar es donde ocurre el mayor número de violaciones sexuales. Es muy raro que en los embarazos infantiles el agresor sea una persona extraña. Los agresores son sus hermanos, tíos y padres”, declaró la coordinadora nacional del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer en México (Cladem), Nelly Martínez Echartea.
Martínez Echartea añadió que el Cladem en 2018 registró que las Secretarías de Salud de la Ciudad de México, Chiapas, Colima, Guanajuato, Oaxaca, Puebla, Jalisco y Yucatán, no tienen desagregados los números en cuanto a embarazadas de 15 a 19 años y de 10 a 14 años. “No hay un registro de niñas que acudieron a primera consulta, ni de seguimiento de embarazo, que solicitaron interrupción de embarazo por violación, ni de nacimientos provenientes de este grupo”, dijo.
Por su parte, la abogada de Equifonía y acompañante de menores de edad víctimas de violencia sexual, Adriana Fuentes Manzo, dijo que en Veracruz más del 60 por ciento de las menores de edad embarazadas acuden a los hospitales cuando cumplieron su primer trimestre de gestación y la lógica del personal de salud es aplicarles cuestionarios sobre la violencia que vivieron para cumplir con la ley, pero sin considerar su situación de vulnerabilidad.
“Debe quedar muy claro que no son niñas, no son adolescentes ejerciendo sus Derechos sexuales y reproductivos con pares. Son personas que les duplican la edad. Los embarazos prolongan el sufrimiento sexual. El Estado a través de esas procuradurías municipales y estatales tiene que hacer acciones a favor de la protección más amplia de esas niñas”, agregó Fuentes Manzo.
En sus palabras, es necesario que las autoridades desarrollen protocolos de actuación para atender a menores de edad víctimas de violencia sexual y se considere que pueden estar acompañadas a la hora declarar el hecho, por una persona que pudo haber encubierto al agresor o que también es víctima de él.
De acuerdo con datos citados por las panelistas, el Consejo Nacional de Población (Conapo) indicó que los embarazos en adolescentes aumentó por lo menos un 30 por ciento en el país a raíz de la pandemia por la COVID-19, por lo que se estima que este año habrá alrededor de 29 mil nacimientos provenientes de menores de edad adicionados a los proyectados para 2021.
Estas cifras, dijeron, demuestran que habría mil embarazos cada día en este año, lo que visibiliza que los retos a enfrentar por la sociedad y el gobierno mexicano son aún mayores si se desea reducir un 50 por ciento los embarazos en menores de edad, uno de los objetivos de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea).
“Hoy en este país 20.8 por ciento, es decir la quinta parte de todas las mexicanas se casan antes de los 18 años. En Chiapas, Guerrero y Tabasco, 30 por ciento se casa a esta edad y en la Ciudad de México 9 por ciento, mientras que 40 por ciento de las niñas y adolescentes de este país nunca han ido a la prepa”, añadió la secretaría general de la Conapo, Gabriela Rodríguez Ramírez.
Explicaron que aún no se tiene un estructura sólida para que el Estado mexicano brinde protección a las menores de edad, por lo que es necesario que desde la organizaciones civiles se proporcione la información para que las familias sepan que las menores de edad pueden acceder a la interrupción del embarazo sin una denuncia previa y que este tipo de violencia debe ser denunciada.
A fin de enfrentar estas problemáticas es indispensable que la Secretaría de Educación Pública y todas las instituciones de los diferentes niveles de poder garanticen el acceso a la educación y a prevenir y erradicar la violencia sexual contras las niñas y adolescentes más aún cuando en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador “se ha romantizado los embarazos en menores de edad”.
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Publicado originalmente en CIMAC Noticias