La semilla de la discordia
Grupo Semillas
Colombia. Sucedió en el Huila en el marco del paro agrario. Las imágenes muestran cómo las autoridades destruyen 70 toneladas de arroz de alta calidad argumentando la violación de normas de producción, uso y comercialización de semillas, como lo establece la Resolución 970.
Los campesinos se levantaron. Les prohíben usar las semillas nativas, las de toda la vida, las que producen ellos mismos, y los obligan a adquirir las "certificadas". ¿"Certificadas" por quién? Por multinacionales, las mismas que han construido los estándares de certificación que ahora el ICA defiende por encima del interés campesino, que es el interés nacional.
Hagamos tres precisiones sobre este asunto medular en materia de soberanía alimentaria. En primer lugar, si bien es cierto que el 85 por ciento de las semillas certificadas son producidas por empresas nacionales, lo que se ha omitido aclarar por conveniencia es que esas empresas las producen gracias a la franquicia concedida por sus pares multinacionales, verdaderas propietarias de la biotecnología.
En segundo lugar, la Resolución 970 sí deriva sus efectos más importantes de la firma del TLC. Al contrario de lo que defienden las autoridades, y si bien la regulación de las semillas viene dándose desde los años 90, el TLC establece la "adecuación de los sistemas de propiedad intelectual sobre la biodiversidad". Eso obligó al país a suscribir convenios adicionales y a garantizar prácticamente la total inmunidad jurídica para las empresas que producen la biotecnología, así como a proteger sus intereses en el mercado. En EE. UU. se produjo una cepa de trigo literalmente imposible de destruir. Lo que parecía una variedad resistente a todas las plagas se convirtió en una plaga en sí misma. Aunque los campos de siembra de prueba se suspendieron, la cepa apareció recientemente en Oregon y Kansas causando alarma. Los hechos llevaron a que la importación de trigo de EE. UU. fuera vetada en buena parte del primer mundo, pero, a pesar de sus efectos negativos sobre la economía, el gobierno estadounidense ha tenido que salir a defender la inmunidad jurídica de la compañía que produjo la cepa.
En tercer lugar, las normas nacionales vigentes desde el 2006, cuando el país se preparaba para la entrada en vigor del TLC, adquieren más fuerza debido a los compromisos en materia de "propiedad intelectual" y sí criminalizan al campesino que "usurpe derechos de obtentor de variedad vegetal protegidos legalmente o similarmente confundibles", con hasta 4 años de prisión. ¿Confundibles? Esta norma de nuestro código penal, además de inconstitucional, explica por qué el Esmad despojaba a la gente de su arroz y destruía sus semillas nativas. En total, en solo dos años, las autoridades han destruido o rechazado 3’960.617 kilogramos de semilla.
Las grandes multinacionales productoras de semillas han conseguido controlar el mercado alimentario con una promesa que han venido haciendo ya desde la década de los 60: la erradicación del hambre en el mundo y su solvencia alimentaria. En efecto, han concentrado el conocimiento que permitiría que cada ser humano sobre la Tierra tuviera garantizado ese mínimo de dignidad. Sin embargo, hoy el mundo produce más comida de la que necesita, pero miles de millones no tienen qué comer porque la vocación de estos supermonopolios no es el humanitarismo, sino los negocios, y ellos controlan el más estratégico de todos: el de la producción de alimentos.
Aquí los únicos "confundibles" son nuestros legisladores, nuestros representantes, todos precoces, empacando maleta para ir a La Habana a hablar con la guerrilla, pero sin ningún entusiasmo para ir a explicarle al campesinado, a quien representan verdaderamente.
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