Acuerdo político da el primer paso hacia la megaminería
Uruguay. Después de varios meses de negociación, la comisión multipartidaria firmó un documento sobre las lineas estratégicas para la megaminería. El acuerdo estuvo a punto de naufragar, hasta que el gobierno de izquierda aceptó planteos del Partido Nacional. El gobierno se comprometió a, en base al documento acordado, presentar un proyecto de ley antes del 31 de marzo del 2012.
En febrero, el Poder Ejecutivo convocará a los representantes de Aratirí -el principal proyecto minero en curso- para transmitirle formalmente el acuerdo político, con el fin que puedan incluir los aspectos que éste define en su plan de negocios y propuesta para analizar la viabilidad de su emprendimiento.
Definición
El acuerdo define a la minería de gran porte como aquella minería metálica que cumpla con al menos uno de los siguientes tres criterios: inversión superior a US$ 100 millones en etapa explotación; producción anual valorada mayor a US$ 100 millones; afectación territorial del distrito minero de más de 400 hectáreas.
El documento maneja cuatro ejes temáticos sobre la megaminería: ambiental, social, económico y de gobernanza, con una clara línea de reforzar los controles respecto a estos emprendimientos y un régimen tributario especifico, más alto que otras actividades. Se creará un impuesto adicional de carácter progresivo, dependiente de la rentabilidad del emprendimiento y que estiman que la imposición tributaria rondará el 50%.
Los miembros de la comisión coincidieron que el documento incluye una medida innovadora, que es la creación de un Fondo Soberano de Inversión con los ingresos tributarios obtenidos por el Estado de la minería y que tendrá un objetivo intergeneracional.
El destino del Fondo será para inversiones en las zonas geográficas de influencia generadas por la puesta en marcha de los proyectos de minería de gran porte. También para proyectos productivos y de infraestructura para desarrollo económico nacional y en la formación de un Fondo Soberano de Inversión de colocaciones, "ético y transparente a largo plazo".
"Luego de cuatro meses de trabajo hemos llegado a un consenso que se transforma por la firma de un documento entre los cuatro partidos con representación parlamentaria en una política de Estado", expresó el ministro de Industria, Roberto Kreimerman.
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