Violación institucional de los derechos de la mujer en Nicaragua
Svalorna Latinamerika
Traductora de LatiCe Claudia García
Se acerca el Día de la Madre, ese día en que a las madres se las festeja con regalos y gritos de exaltación. Pero este ambiente festivo no va a estar presente en algunas familias de Nicaragua ya que en el transcurso del año se han registrado más muertes de mujeres como resultado de la ley que prohíbe el aborto terapéutico en el país.
El 26 de octubre de 2006 fue un día negro en la historia de Nicaragua para las organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres. Aquel día, justo un mes antes de las elecciones presidenciales, el Parlamento de Nicaragua votó la propuesta de suprimir el artículo 165 del Código Penal, que permitía el aborto terapéutico.
Desde 1891 las mujeres de Nicaragua contaban con la posibilidad legal de poner fin a un embarazo por medio de un aborto terapéutico, si el embarazo ponía en peligro su vida o su salud, o si el feto tenía alguna malformación grave. La nueva ley, no sólo eliminaba esta posibilidad, sino que además transforma a las mujeres y a los médicos en criminales potenciales ya que establece que ambos pueden ser castigados con penas de cárcel de varios años de realizar un aborto. Esta ley implica, por ejemplo, que se le puede negar un tratamiento de quimioterapia a una mujer embarazada enferma de cáncer por el daño que la quimioterapia ocasionaría en el feto.
Consecuencias a diferentes niveles
Es posible entender que esta ley constituye un delito contra la constitución nicaragüense la que garantiza a todos los ciudadanos nicaragüenses el derecho a la vida y a la salud. Legalmente, la ley ha sido ineficaz, ya que no se ha materializado en penas de prisión por haber abortado. Pero sus efectos sí se visibilizan en otros aspectos, por ejemplo, hay estadísticas que muestran que la mortalidad materna en el país ha ido aumentando desde 2006. ASDI (Agencia Sueca de Desarrollo Internacional) estima que Nicaragua tiene la tasa más alta de mortalidad materna de América Central.
Aunque la ley no se ha traducido en penas efectivas de cárcel, existe un gran temor, tanto entre las mujeres como los médicos, lo que se visibiliza en un número de casos bien documentados de mujeres que esperan para buscar atención médica, así como en que las propias mujeres tratan de producirse ellas mismas un aborto, por ejemplo, durante un aborto involuntario. Los médicos hablan de casos en los que nadie se atreve a intervenir y en mujeres que son enviadas de un especialista a otro sin que nadie asuma la responsabilidad. Es difícil evaluar la proporción de abortos inseguros en Nicaragua. La Organización Mundial de la Salud estima que por cada caso registrado en los hospitales se identifican muchos otros casos de mujeres que hacen abortos inseguros; casos en los que, por diversas razones, las mujeres eligen no recurrir a la ayuda de un médico. La ambición de controlar el número de abortos a través de la imposición de leyes restrictivas sobre el aborto está condenada al fracaso. La prohibición total del aborto reduce las posibilidades de elección de una mujer, pero no mitiga su desesperación. Para las mujeres que cuentan con recursos económicos, o con contactos, siempre hay soluciones seguras, pero las posibilidades son menores y menos seguras si se trata de que quienes deciden poner término a su embarazo son mujeres más vulnerables, con una posición socioeconómica desventajosa. Las mujeres y las jóvenes del campo, debido a que sus malas condiciones de vida, se encuentran en una situación de vulnerabilidad a consecuencia de la ley que prohíbe el aborto terapéutico. Dado a que no se hace excepción alguna, hay niñas de tan sólo once o doce años que, a pesar de que no tienen la madurez física ni mental necesaria para hacer frente a un embarazo y convertirse en madres, se ven obligadas a llevar a término un embarazo que, a menudo, es resultado de un abuso sexual.
La lucha sigue
Nicaragua tiene un sólido movimiento de mujeres;, un movimiento de mujeres que expresa claramente su frustración frente a la prohibición total del aborto en el país. Juanita Jiménez Martínez de la organización Movimiento Autónomo de Mujeres de Managua dice que la actual ley que contempla la prohibición total del aborto es la mayor incongruencia para el desarrollo de los derechos de las mujeres en la historia de Nicaragua, porque las mujeres hoy en día han perdido algo tan básico como el derecho a la vida.
Hay mucha incertidumbre, especialmente en las zonas rurales, en lo relativo a la diferencia entre un aborto selectivo y un aborto terapéutico, así como también en las causas de por qué el segundo, el aborto seguro, contribuye a combatir la mortalidad materna. Esta falta de información correcta es utilizada por los opositores al aborto, dificultando así la lucha de las organizaciones que trabajan para concientizar a la gente sobre la cuestión. Tanto la iglesia católica como el gobierno se oponen firmemente a toda forma de aborto. Pero la lucha no ha finalizado, aunque en el plano político no haya habido novedades en seis años. El movimiento de mujeres de Nicaragua sigue luchando con el apoyo de gran parte de la comunidad internacional que aboga por la despenalización del aborto terapéutico y para que disminuya la mortalidad materna, así como también por un mayor respeto a los derechos de las mujeres.
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