Feminicidios o genocidios contra mujeres en Centroamérica
Centroamérica es una las regiones del mundo donde ocurren más asesinatos de mujeres, por lo general asociados a la lógica patriarcal predominante pero también a la acción creciente del crimen organizado.
Si bien las clasificaciones en torno a estas muertes violentas varían, seguidores del tema concuerdan en que ese sector social es uno de los más vulnerables en medio de la violencia y la desigualdad reinantes en la zona y hasta hablan de genocidio contra ellas.
Sólo en Honduras, de 2002 a 2014 fueron asesinadas unas cuatro mil 460 mujeres y al menos el 95 por ciento de esos casos sigue impune, según el comisionado de los Derechos Humanos, Roberto Herrera.
Del total de asesinadas en el período, 531 casos (11,9 por ciento) se registraron en 2014, año en el cual también se ejecutaron mil 250 violaciones sexuales a un promedio de 100 por mes. Paralelo a esto fueron denunciados en cada jornada unos 14 hechos de violencia en espacios hogareños.
De acuerdo con el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Ovunah), en el primer cuatrimestre de este año más de 90 mujeres fueron asesinadas en ese país, donde cada 15 horas ocurre un hecho de esta naturaleza.
Por su parte, la Policía Nacional Civil (PNC) y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) de Guatemala reportaron que de enero de 2005 a febrero de 2015 murieron de forma violenta en ese territorio seis mil 376 mujeres.
La PNC clasificó esos decesos por arma de fuego, arma blanca, contundente, explosivos, estrangulamiento y linchamiento, en tanto precisa que los años con mayor registro de muertes violentas de mujeres fueron 2009, con 720; 2010 (695) y 2008, con 687.
Sin embargo, el Ministerio Público solo logró 606 sentencias condenatorias, en tanto 134 sindicados fueron absueltos y otros cinco mil 636 no llegaron a una conclusión procesal. Ã" sea, apenas 11,60 por ciento de los casos se judicializaron y el 88,39 por ciento quedan en la impunidad.
En El Salvador, la Policía Nacional Civil dio cuenta de 292 mujeres asesinadas en 2014, con un significativo aumento de 77 casos más en comparación con los 215 con que cerró el 2013.
Representantes de la entidad informaron que de enero a marzo del presente las féminas exterminadas en diferentes sitios del país sumaron 58, más atribuyeron esas muertes a las pandillas y al crimen organizado, y no a la violencia de género o a razones de odio.
Informes del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica (OIJ) sugieren que durante el año pasado cada 18 horas con 36 minutos ocurrió un homicidio doloso y 22 mujeres fueron víctimas de feminicidios por celos o conductas posesivas de los hombres y ataques sexuales. Esa cifra, si bien está por debajo de la reportada en 2011 (42), superó los datos reportados en 2012 (26) y 2013 (18).
El OIJ de Costa Rica cataloga de feminicidios o femicidios a aquellos crímenes en los cuales el responsable es el esposo o conviviente y de femicidios ampliados a los cometidos por el exesposo, exconviviente, exnovio, examante, un familiar, un atacante sexual u otra persona sin relación con la víctima.
"Cuando hablamos de conducta posesiva, es porque el hombre estaba haciendo reclamos relacionados con la actividad de la mujer y direccionando la conversación respecto a una tercera persona", precisó el especialista de la Sección de Estadística del Poder Judicial, Mario Solano.
Para autoridades del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), las políticas implementadas en el país han dado resultados en términos de denuncia, pues estas aumentaron a 471 en 2014, contra 411 un año atrás.
Conceptualizaciones
La modalidad de violencia identificada de manera indistinta como femicidio o feminicidio devino sistemática en buena parte de esta región y apenas logró visualizarse a partir del trabajo de familiares de las víctimas, de organizaciones feministas y de derechos humanos. En particular el término femicidio es atribuido a Jane Caputo y Diana E. H. Russell, quienes emplearon el apelativo en 1990 en un artículo de la Revista Ms "Femicide: Speaking the unspeakable".
Para estas autoras, "el asesinato de mujeres es la forma más extrema del terrorismo sexista" y por ello defendieron su distinción hasta en el lenguaje. Con posterioridad, la antropóloga mexicana Marcela Lagarde se refirió al fenómeno como feminicidio por entender que se trata de un "genocidio contra mujeres". Este tiene lugar "cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten atentados contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de las mujeres todos tienen en común la idea de que las mujeres son usables, prescindibles, maltratables y desechables", señaló. Lagarde afirma que estas acciones coinciden en "su infinita crueldad y son, de hecho, crímenes de odio contra las mujeres".
La violencia contra la mujer se expresa cada día no sólo en las miles de muertes registradas, sino en los daños o sufrimientos físicos, sexuales o psicológicos a estas, tanto en el ámbito público como en el privado. Tamaña dimensión del fenómeno, unido a la desidia de las autoridades, incide en la falta de un sistema oficial de compilación de datos y estadísticas sobre estos hechos, los cuales pudieran permitir conocer de manera exacta la magnitud del problema y encontrar las respuestas adecuadas. Casi en toda América Latina las cifras oficiales -cuando las hay- están por debajo de las enunciadas por organizaciones civiles, debido a la poca comprensión de las diferencias entre femicidios y muertes comunes, así como al afán de ciertos gobiernos de minimizar el problema. Los sistemas de información tampoco suele desagregar los datos según sexo, edad, o etnia, ni permiten establecer el tipo de relación entre víctima y victimario, con lo cual se complica la realización de estudios comparados en la región y al interior de los países.
El seguimiento a las noticias difundidas por periódicos, televisoras y emisoras radiales, permitió a algunas redes feministas contabilizar algunos casos, pero muchos quedaron por registrar. Los medios de comunicación no siempre dedican espacio a los asesinatos violentos contra las mujeres, ni siguen de cerca los procedimientos en cada hecho. No obstante, estos inventarios son los más recurridos por los investigadores cuando tratan de alcanzar la magnitud de la problemática en cada nación.
La divulgación internacional de las continuas violaciones y asesinatos contra mujeres en Ciudad Juárez, México, a partir de 1993, es considerada por muchos como el preludio de una serie de denuncias de estos hechos. Pero pese a lo reiterado de las demandas de esa naturaleza desde entonces, los Estados incumplen con la obligación de prevenir, atender, investigar, procesar, sancionar y reparar esos crímenes. Aunque buena parte de estos firmaron y ratificaron casi todos los instrumentos legales internacionales destinados a proteger al sector, los postulados básicos implícitos en estos son violados continuamente. Pocos tratados son tan irrespetados como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (1979), la Declaración y el Programa de Acción de Viena (1993), o la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995), entre otros.
"La violencia contra las mujeres es una situación común en nuestra región que muchas veces culmina con muertes violentas e incluso llega a presentar signos de tortura, mutilaciones, saña y/o violencia sexual por razones asociadas al género", denunciaron activistas sociales a la Corte Interamericana de Justicia. Precisaron, además, algunas de las particularidades similares de tales crímenes, en cuyas víctimas quedan estampados el odio, el desprecio y el menor valor que se da a la vida de las mujeres. Como si no bastase con la realidad, los medios de comunicación procuran despertar el morbo de sus públicos y divulgan imágenes de las más diversas expresiones de terror contra las féminas. Fotos de cadáveres desnudos y mutilados se difunden por doquier, en tanto siguen en déficit las investigaciones eficaces, las acciones preventivas y las sanciones de las autoridades.
La tolerancia casi siempre deriva en impunidad: los enterramientos se suceden, mientras los culpables terminan exculpados con base en una lógica machista.
De tal modo, las razones apuntadas frenan la creación de un registro exacto de las víctimas de estos hechos, más las cifras acopiadas pudieran ser suficientes para comprender la urgencia de coordinar acciones tendentes a acabar con este genocidio contra las mujeres.
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