Articulación Feminista del Marco Sur
28 de septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe
Según las organizaciones de mujeres de América Latina y el Caribe el aborto libre y seguro es una exigencia de justicia social, derechos humanos y democracia.
Más de 4 millones de latinoamericanas y caribeñas abortan cada año y la mayoría lo hace clandestinamente, arriesgando su vida y con temor de ser encarceladas. Esto implica un grave daño a su salud física y mental, y constituye una violación a sus derechos humanos fundamentales, en especial el derecho a la vida, la salud, la autodeterminación, la igualdad y la no discriminación, a estar libres de torturas y daños, a la libertad de pensamiento y religión, y al control de su propia fecundidad.
No habrá democracia ni desarrollo humano sostenible en nuestras sociedades mientras las mujeres, especialmente las más pobres, continúen muriendo por esta causa y sean objeto de condenas y castigos, lo que convierte al aborto inseguro en un grave problema de justicia social.
Méjico: Histórico fallo en el Distrito Federal
El 28 de agosto de 2008, el pleno de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México declaró por mayoría -8 votos a favor de un total de 11-, la constitucionalidad de la ley que permite la Interrupción Legal del Embarazo, ILE, hasta las 12 semanas de gestación, es decir, en el primer trimestre, a demanda de la mujer. Esta ley fue aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, DF, en abril del año 2007, y había sido impugnada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR) bajo el supuesto de que atenta contra la Constitución Mexicana en lo que dice relación a la protección a la vida.
Los jueces finalmente denegaron el recurso, al sostener que dicha Carta no protege la vida desde el momento de la concepción y sostuvieron, en cambio, que no es posible afirmar que el producto de la concepción es un ser humano y una persona. De tal forma que, frente a una eventual colisión entre los derechos de las mujeres y los derechos del feto, aquellos tienen primacía y deben ser respetados y protegidos en primer lugar.
Se calcula que en México ocurren entre 500 mil y un millón de abortos inducidos cada año. Y como ocurre en la mayor parte de las regiones donde es penalizado, el aborto inseguro tiene un impacto en las mujeres más pobres quienes acceden a procedimientos en las peores condiciones, a menudo con resultado de muerte o morbilidades diversas (incluyendo infertilidad), además de implicar, en la mayoría de los casos, maltrato y negligencia en la atención por parte del personal de salud que atiende sus complicaciones
Desde esta perspectiva, la experiencia mexicana tiene el enorme valor no solo de la instauración de una legislación favorable a los derechos de las mujeres de ese país, sino de servir de base para estrategias en otros contextos. Renovemos entonces nuestro compromiso de lucha por el aborto libre y seguro, destacando la fecha emblemática del 28 de septiembre.
¡Méjico otra vez!
Las personas transgenéricas y transexuales de la Ciudad de México dejarán de ser ilegales en su propio país, pues ya podrán solicitar un acta de nacimiento acorde a su identidad, para lo cual, a principios de este mes, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó diversas modificaciones a los códigos Financiero, Civil y de Procedimientos civiles locales.
Tras una acalorada discusión, la concordancia sexo-genérica fue aprobada con 37 votos a favor y 17 en contra. El legislador José Carlos Díaz Cuervo, primer promotor de dicho aparato jurídico, celebró la aprobación; no obstante, lamentó que "las izquierdas no supimos convencer a las izquierdas" en materia del derecho a la salud para las personas transgenéricas y transexuales, que queda como "asignatura pendiente".
Ciudad de México será la primera entidad de la República en garantizar la identidad legal para transgéneros y transexuales. En Uruguay se presentó un proyecto similar en noviembre de 2007, y actualmente se encuentra en estudio.
Argentina: La Iglesia católica hizo lobby contra la Unión Civil en Entre Ríos
La Convención Constituyente de Entre Ríos rechazó el pasado 8 de septiembre, por 25 votos contra 18, la inclusión del libre derecho de las parejas, independientemente de su sexo, a unirse legalmente bajo la figura de la Unión Civil.
Este proyecto no sólo beneficiaba a parejas homosexuales sino también a parejas heterosexuales que no deseen unirse en matrimonio.
María Rachid, presidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) remarcó que fue un triunfo de la Iglesia Católica, que siempre en contra del divorcio, que opone a que se repartan preservativos para prevenir las infecciones de transmisión sexual y que se opone a la felicidad de la gente.
Más artículos de: Articulación Feminista del Marco Sur