Pueblos indígenas de Colombia en riesgo de exterminio físico y cultural
Los pueblos indígenas se encuentran en riesgo físico y cultural frente a la pandemia del COVID-19 y debido a la ausencia de una respuesta con enfoque diferencial de parte del gobierno nacional que no promueve ni garantiza la participación indígena.
Así lo sustenta un informe presentado al Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) José Calí Tzay.
El documento fue elaborado por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Corporación Comunidad de Juristas Akubadaura y EarthRights International (ERI).
El documento hace visible la situación especialmente vulnerable de las poblaciones indígenas transfronterizas y en zona de frontera y los pueblos indígenas en contexto de ciudad.
De igual modo, advierte los riesgos de exterminio asociados al conflicto armado interno y que se están viendo potenciados en el contexto de pandemia.
Vulnerabilidad pre-existente
La situación de vulnerabilidad pre-existente a la pandemia potencia el incremento desproporcionado de los riesgos para la vida e integridad de los pueblos indígenas en Colombia.
En condiciones previas a la coyuntura la tasa de mortalidad infantil en la población indígena es 2,79 veces más alta que la presentada en la población no indígena.
En ciudades capitales como Leticia, hoy con la segunda prevalencia más alta del país (6,3), el 26,9 % de su población tiene sus Necesidades Básicas Insatisfechas, frente a un porcentaje nacional del 14,13%.
Falta de apoyo del gobierno
El documento informa las iniciativas adoptadas por los pueblos indígenas en el marco de su autonomía, gobierno y derecho propio para prevenir, contener y atender la pandemia. Al respecto, puntualiza que estas acciones no han recibido el apoyo del gobierno nacional.
También destaca la labor fundamental de la guardia indígena y las estrategias implementadas con base en el trabajo espiritual, los conocimientos sobre las plantas y el territorio y el fortalecimiento de la medicina tradicional y los saberes ancestrales.
En tal sentido, la pandemia ha significado una oportunidad para «Volver al Origen», acorde a la orientación de los Mayores.
Sin enfoque diferencial integral
Una de las carencias de las medidas adoptadas por el gobierno nacional dentro del estado de emergencia es su falta de un enfoque diferencial integral.
Incluso hubo medidas negativas al inicio del aislamiento preventivo cuando se pretendió implementar escenarios de consulta previa a través de medios virtuales mediante la circular CIR-2020-29-DMI- 1000 expedida por el Ministerio del Interior.
La medida fue finalmente derogada debido a la oposición de las organizaciones indígenas y étnicas, así como de la Procuraduría General de la Nación, aunque no se reconoció el carácter inconstitucional de las consultas previas virtuales.
Las acciones para la atención en salud no han tenido en cuenta las propuestas formuladas por los pueblos indígenas en el marco del Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural (SISPI).
El acceso a la educación de los niños, niñas y jóvenes indígenas no se ha garantizado debidamente, ya que según datos del Censo DANE 2018 sólo el 6% de los hogares indígenas tiene cobertura de internet.
A ello se agrega que las Ayudas Humanitarias de Emergencia anunciadas por el gobierno nacional para los pueblos indígenas fueron entregadas en un mínimo porcentaje, casi a 3 meses de haber iniciado el aislamiento.
Tutela
Un fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca amparó los derechos a la dignidad humana y el mínimo vital de las comunidades indígenas focalizadas para su atención.
La sentencia ordena la entrega efectiva de ayudas humanitarias de emergencia por una suma total de 468.896, así como la entrega de 17.488 kits de bioseguridad para la guardia indígena.
El informe al Relator de la ONU también formula recomendaciones para mitigar el grave y desproporcionado impacto de la pandemia en clave de acciones por parte del gobierno nacional, coordinadas y concertadas con las autoridades y organizaciones indígenas.
Finalmente, insta al Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente Iván Duque, a atender las recomendaciones realizadas y garantizar los derechos de los pueblos indígenas como sujetos de especial protección constitucional.
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