Continúan hostigamientos hacia comunidades mapuches
Chile. La muerte de una pareja de hacendados en la localidad sureña de Vilcún, 680 km al sur de Santiago, el 4 de enero, a consecuencia de un incendio perpetrado por un grupo de encapuchados, ha puesto nuevamente al pueblo mapuche en la mira del gobierno.
Las autoridades no dudaron de acusar de inmediato a activistas mapuches por el atentado en el que perdieron la vida Werner Luchsinger, de 75 años, y su esposa Vivian Mackay, de 69. La policía detuvo a los hermanos Celestino y José Córdoba Tránsito como supuestos responsables del hecho, que coincidió con el quinto aniversario del asesinato del joven mapuche Matías Catrileo, a quien un carabinero disparó por la espalda durante la ocupación por parte de indígenas mapuche de una finca de propiedad de la familia Luchsinger.
El ministro del Interior Andrés Chadwick afirmó que en el lugar de los hechos se hallaron volantes que mencionaban a Catrileo. "Vamos a perseguir [a los responsables] y no vamos a parar hasta encontrarlos", dijo Chadwick, a la vez que anunció la aplicación de la controvertida Ley Antiterrorista de 1984 a los detenidos.
La Coordinadora Arauco Malleco (CAM), la principal organización mapuche, negó tener alguna vinculación con el atentado y acusó a las autoridades gubernamentales de "demonizar al pueblo mapuche en su conjunto y deslegitimizar sus reivindicaciones".
Dirigentes mapuches y analistas han coincidido en señalar que mientras se criminalizan las demandas indígenas, los agentes de Carabineros responsables de las muertes de activistas mapuches no han sido castigados. Además de Catrileo, han perdido la vida Alex Lemun y Jaime Mendoza Collío. Lemun murió en el 2002 por un disparo en la cabeza en un intento de recuperación de tierras en la región de la Araucanía, y Mendoza Collío recibió un disparo por la espalda en 2009 durante una acción similar.
El responsable de la muerte de Catrileo, el cabo Walter Ramírez, continúa en actividad. Lo mismo ocurre con el mayor Marco Treurer, quien disparó contra Lemun, y el cabo Patricio Jara, quien ocasionó la muerte de Mendoza Collío, que fueron absueltos por cortes marciales.
En una carta abierta dirigida al presidente Sebastián Piñera, la lonko (autoridad tradicional) Juana Calfunao, a quien en el 2006 se le aplicó la Ley Antiterrorista por maltrato a la autoridad y permaneció encarcelada durante cuatro años, expresó sus condolencias a la familia Luchsinger y exigió al mandatario terminar con el hostigamiento hacia las comunidades mapuche.
"Mi comunidad, mi familia y yo personalmente he sufrido numerosos atentados de esa naturaleza; elementos desconocidos quemaron tres veces mi casa; en uno de estos incendios encontramos calcinados los restos de mi tío Basilio Coñonao. Sin embargo, cuando somos los mapuches los afectados, y [enfrentamos] la injusticia de haber sido objeto de este tipo de violencia, debemos lamentar la insensibilidad de las autoridades y la indolencia de los medios de comunicación. En estos casos, como el mío propio, no existen visitas del presidente chileno, ni de sus ministros y parlamentarios, ni se decreta el estado de sitio y mucho menos se les aplica a los autores la Ley Antiterrorista".
"Todo ello me hace pensar que la Policía no está al servicio de la sociedad y que para nosotros los mapuches no es garantía de seguridad y protección como debería serlo en un Estado de derecho y régimen democrático", señaló Calfunao en su carta.
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