Homicidios y criminalidad urbana en Cúcuta
Prensa indígena
Colombia. Durante el año 2012 murió en Cúcuta de manera violenta un ciudadano (a) cada 17 horas, según estadísticas oficiales. En los dos primeros meses del presente año, fueron asesinadas cincuenta personas. Diez y siete más que en el 2011 y dos personas más que en el 2012.
Estas muertes y en general los miles de homicidios cometidos con armas de fuego a través de los años, demuestran entre otras cosas, que nuestra ciudad presenta unos antecedentes de violencia que no podemos subestimar u olvidar como algunos pretenden.
Así mismo que estas altísimas cifras, dejan al descubierto que aún subsisten condiciones de diverso tipo que coadyuvan al desarrollo y fortalecimiento de la ilegalidad; estos son en consecuencia la más grave expresión de la criminalidad.
En los últimos quince años, fueron asesinados en Cúcuta 7.479 ciudadanos. Esta vidas se perdieron siendo alcaldes José Gelvez (1998), Manuel Guillermo Mora (2001), Ramiro Suarez Corzo (2004), María Eugenia Riascos (2008) y el actual mandatario de la ciudad Donamaris Ramírez Paris Lobo (2012).
Cabe recordar que en los años de 1999 - 2004, nuestra ciudad sufrió un periodo especialmente crítico de violencia homicida, en donde fueron asesinados 4.409 personas. Tiempo durante el cual la comandancia paramilitar lo controlaba todo, desde cómodas fincas en Puerto Santander.
Estas administraciones tienen en común, unas más que otras, que se hicieron los de la vista gorda ante tanta violencia. Ninguna trazó estrategias serias para evitar semejante tragedia. Los une la indiferencia y la insensatez, por decir lo menos.
Nunca hicieron los esfuerzos o por lo menos no se conocieron, para entender que el derecho a la vida, es un derecho fundamental sin el cual, nada tiene sentido. No demostraron interés alguno en asumir como correspondía en primera fila su defensa. Mucho menos entendieron, que con el control efectivo de la violencia y la criminalidad, encontrarían las claves para el desarrollo de la ciudad y el bienestar de sus conciudadanos.
Lo sistemático de estos asesinatos, así como los altos niveles de impunidad para atacar a los ciudadanos, expresan la existencia de una criminalidad organizada que con el tiempo ha logrado desarrollarse y fortalecerse. Es a la ausencia de estrategias y a la falta de toma decisiones para frenar estas actividades criminales en su momento, lo que llevaron entre otros, a que paramilitares y narcotraficantes, vendieran como franquicias criminales, nuestra ciudad.
Gran parte de las graves situaciones de inseguridad, violencia y criminalidad que vivimos hoy en Cúcuta, se debe a esta actitud asumida por los distintos administradores municipales, durante un largo período de tiempo perdido. Así mismo a pesar de la propaganda gubernamental llama la atención, como cerca del 63% de los homicidios reportados durante estos quince años, ocurrieron durante el periodo de la seguridad democrática del ex presidente Uribe (2002-2010).
Fue especialmente en este período cuando se pasearon orondos cuanto traqueto y paraco existía. Fueron dueños absolutos de bien y el mal, de la vida y la muerte. Llegaron a operar abiertamente y sus actividades delincuenciales se convirtieron en hechos públicos y notorios.
Esta situación vergonzosa y abiertamente ilegal, desafío el funcionamiento del estado de derecho e hirió de muerte nuestra maltrecha democracia, así como también fracturó gravemente el tejido social, sobre todo los procesos de organización social, que durante décadas se levantaron con tesón y sacrificio.
Algunos podrán pensar que esas son cosas del pasado. Pero la gravedad de esta situación, es que aún en la actualidad se mantienen factores que posibilitan el accionar de las empresas criminales, que operan en la ciudad y esta permanencia no solo eleva las percepciones de inseguridad en los ciudadanos, sino que ha ido formando en el imaginario colectivo, un sentimiento de incapacidad y sometimiento a las reglas de las estructuras ilegales que cometen los crímenes.
Así mismo causa un enorme daño, al minar la confianza en las instituciones y la solidaridad pública. Lo cual trae como consecuencia unos ciudadanos indiferentes cuando se trata de asumir la defensa de los derechos ciudadanos y de lo público.
Nadie tiene duda que los homicidios, como expresiones del fenómeno de violencia urbana y criminalidad no solo se mantienen en la ciudad, sino que han conquistado nuevas expresiones y modalidades, a pesar de que sigue siendo el homicidio por contrato o sicariato, el que continúa manteniendo cifras alarmantes. Estos siguen ocurriendo en los mismos horarios y persisten las víctimas jóvenes con edades entre los 15 y 34.
Nos convencieron que la desmovilización de los grupos paramilitares sería la solución a tanta violencia, pero las cifras posteriores a diciembre de 2004, demuestran que esto no fue cierto. Al revisar las estadísticas oficiales señalan como en estos últimos ocho años fue asesinada cada 22 horas una persona en nuestra ciudad.
Es importante que los distintos fenómenos criminales y actividades ilegales presentes en la ciudad, debieran abordarse como un fenómeno multicausal. No es suficiente conocer los horarios de ocurrencia, el mecanismo de muerte o la condición de la víctima. Se debe dominar a profundidad la caracterización de cada uno de los homicidios. Se hace necesario ir más allá de la individualización, judicialización y captura de uno que otro jefe.
Hay que descifrar y atacar las fuentes de financiación, las redes que generan todo tipo de apoyos, principalmente los sectores públicos y privados corroídos por el dinero rápido y el enriquecimiento ilícito. Una mirada integral al problema de la inseguridad, puede llevar a desentrañar todos aquellos factores que facilitan el crimen y la ilegalidad.
En diversas ocasiones y durante los últimos años, hemos venido insistiendo en la necesidad de aplicar en la ciudad un enfoque preventivo de seguridad ciudadana. Entendiendo que para este tema hay múltiples miradas.
Pero las condiciones y características de los distintos fenómenos criminales que aquí se reproducen y que al parecer tienen hondas raíces culturales, se podría iniciar un trabajo de largo plazo, que trascienda los periodos de gobierno, priorizando estrategias que generen pertenencia, solidaridad y nuevos valores. Tal vez el mejor camino para lograr cambios en los comportamientos cotidianos de los ciudadanos.
Pero también es necesario superar la vieja idea que los problemas de la seguridad los resuelve el policía de la esquina. O a través de medidas eminentemente represivas o policiales. Es necesario abordar los temas de violencia y seguridad con un enfoque integral y estratégico, con una óptica interdisciplinaria: desde la educación, la cultura y la recreación, la participación ciudadana efectiva y la solución a problemas sociales que sirven de alimento a los grupos ilegales.
Es decir, en lo que queremos insistir es en la necesidad que tenemos de entender el problema de la seguridad, como un problema de seguridad humana: que avance en la satisfacción de las necesidades y los derechos de la población.
Para lograr lo anterior, no solo necesitamos de un liderazgo fuerte, con voluntad y decisión, sino también con desprendimiento, para legitimar una convocatoria a diversos sectores de la ciudad, que se haría en primer lugar, para conocer a profundidad la problemática de violencia urbana y criminalidad y desde luego para trazar un camino que comience a ganarle la batalla al crimen y a la ilegalidad.
De lo contrario seguiremos escuchando los cantos de sirena, anunciando el fin del fin de la delincuencia y la criminalidad, en el reino de los sofismas y las argucias. http://viva.org.co
--------------------------* Director ejecutivo Fundación Progresar
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