La región más peligrosa para defensores de derechos humanos
"Defender los derechos humanos en Latinoamérica siguió siendo una tarea muy peligrosa: persistió la criminalización de la defensa de los derechos humanos y de los movimientos pacíficos de protesta", señala Front Line Defenders en su Informe Anual 2016 titulado "Basta de asesinatos". Más de la mitad de las muertes de activistas en todo el mundo han ocurrido en América Latina.
El 2015 fue un año nefasto para quienes defienden los derechos humanos en la región. Según Front Line Defenders, organización internacional dedicada a la protección de defensores de los derechos humanos con sede en Irlanda, 156 personas murieron el año pasado en el mundo por defender los derechos humanos, 87 de ellas en América Latina, y 54 sólo en Colombia.
"Defender los derechos humanos en Latinoamérica siguió siendo una tarea muy peligrosa: persistió la criminalización de la defensa de los derechos humanos y de los movimientos pacíficos de protesta", señala Front Line Defenders en su Informe Anual 2016 titulado "Basta de asesinatos".
El informe, presentado el 8 de enero, señala que "defensores del ambiente, de los pueblos indígenas y de la tierra son quienes corren los mayores riesgos: fueron víctimas del 41% de los asesinatos en la región. Casi todos los casos tuvieron relación con los denominados 'megaproyectos', especialmente aquellos conducidos por compañías mineras".
Además, la organización recalcó que personas que trabajan sobre temas de orientación sexual e identidad de género también fueron víctimas de la violencia.
"Defensores/as de los derechos de personas LGBTI [lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales] conformaron el 15% de los asesinatos denunciados en la región, ubicándose como el segundo grupo más agredido", aseguró.
El informe denuncia igualmente que defensores de los derechos humanos en Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Perú han sido víctimas de acoso judicial, ataques físicos, amenazas, intimidación y campañas de difamación debido a sus denuncias sobre los impactos negativos de las actividades extractivas y la falta de una adecuada consulta previa a las comunidades afectadas.
La situación de periodistas que informan sobre temas de derechos humanos también ha continuado siendo delicada en la región. Front Line Defenders citó los asesinatos el 31 de julio del fotoperiodista mexicano Rubén Espinoza y de la defensora de derechos humanos Nadia Vera quienes habían denunciado los supuestos abusos cometidos por el gobernador del suroriental estado de Veracruz, Javier Duarte.
Acoso policial y judicial
El informe resaltó el caso de Ecuador, poniendo énfasis en la respuesta del gobierno a las protestas sociales que se produjeron durante el 2015, incluyendo un paro general en agosto en demanda de una reforma agraria y mejoramiento del acceso a servicios de salud.
"Defensores de los derechos humanos informaron de un incremento del acoso policial y judicial, relacionados particularmente con estas protestas. En agosto, la ambientalista y defensora de los derechos de los pueblos indígenas Margoth Escobar fue detenida por más de una semana acusada de perturbar la paz luego de un paro general en Puyo. La periodista Manuela Picq fue deportada a Brasil, su país de origen, luego de la cancelación de su permiso de residencia. Fue arrestada en agosto durante una marcha organizada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. A pesar de que un fallo judicial establecía que no había motivos para su arresto o deportación, su permiso no le fue devuelto".
Los ataques a la libertad de expresión y acceso a la información también han sido frecuentes en Ecuador. Desde la aprobación de la Ley de Comunicaciones en el 2013, la situación de los medios independientes se deterioró aún más y aumentó la autocensura de los periodistas, de acuerdo con Front Line Defenders. Además, se promulgaron medidas restrictivas en relación a la libertad de asociación y varias organizaciones no gubernamentales, particularmente las defensoras de los derechos humanos, fueron disueltas sin motivos claros.
Mary Lawlor, directora ejecutiva de Front Line Defenders, dijo en la presentación del informe que "las personas que defienden los derechos humanos enfrentan situaciones cada vez más restrictivas y brutales en cada región del planeta. La violencia extrema está siendo usada cada vez con más frecuencia y en más países, a la vez que se ha convertido en norma en muchas partes del mundo el uso de procesos judiciales fabricados e injustos. Quienes atacan a personas defensoras de los derechos humanos han intensificado sus esfuerzos para silenciarlas, tanto dentro como fuera de sus fronteras".
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