AI demanda protección a defensores de derechos humanos en zonas rurales
Amnistía Internacional(AI) ha demandado al gobierno mexicano brinde protección a activistas de derechos humanos, particularmente a aquellos que luchan por los derechos indígenas, señalando amenazas y violencia que obstaculizan su trabajo.
El informe "Exigiendo justicia y dignidad: Defensores y defensoras de los derechos humanos en México", de AI, dado a conocer el 21 de enero, detalla 15 casos de activistas mexicanos que han sido víctimas de homicidio, agresiones, hostigamiento y amenazas, o han sido encarcelados bajo cargos falsos entre el 2007 y el 2009 para impedirles que realicen su labor.
"Defender los derechos humanos en México puede costar la vida, y el gobierno no está haciendo lo suficiente para resolver el problema", dijo Nancy Tapias Torrado, investigadora sobre defensores de los derechos humanos de AI. "Cuando se ataca, amenaza o mata a un defensor o defensora de los derechos humanos, se envía un peligroso mensaje a muchos otros y se niega la esperanza a todas las personas en cuyo favor trabaja este defensor".
El documento incluyó el caso de Obtilia Eugenio Manuel, de 32 años, fundadora y presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me'phaa (OPIM) en el sureño estado de Guerrero, quien ha sido víctima de numerosas amenazas de muerte y actos de intimidación desde 1998 cuando comenzó a organizar a las comunidades indígenas.
Otra víctima es Jesús Emiliano, de 42 años, integrante del Frente Democrático Campesino de Chihuahua, en el norte del país, organización que defiende los derechos económicos de los agricultores sin recursos. Emiliano fue detenido en el 2007 acusado de sabotaje, cargo que fue desestimado por un juez federal señalando falta de evidencias, indicó AI.
"El juez que desestimó el caso era consciente de dichas irregularidades, pero no se ha emprendido ninguna acción contra las autoridades federales por arresto indebido", dice el informe.
Tapias exigió al gobierno "desarrollar urgentemente un programa eficaz e integral de protección para los defensores y defensoras de los derechos humanos".
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