Un Perú enfrentado
Lamentablemente el 5 y el 6 de Junio ha muerto una cantidad no muy clara de personas que han luchado por sus ideales, principios y por la defensa de sus derechos territoriales. Y no me refiero sólo a los indígenas caídos en las diferentes marchas por la derogación del Decreto Legislativo (DL) 1090 de Ley forestal y de fauna silvestre; sino también a los policías como consecuencia de las luchas constantes. Contrastando la información local e internacional en los diferentes medios de comunicación podemos observar las diferentes posturas de la población y política peruana, que principalmente se resume en:
Postura Indígena de las ciudades amazónicas:
Muchos grupos indígenas amazónicos afiliados a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) exigieron la derogación de DL 1090 y 1064 debido a que se vulneran sus derechos para favorecer a las transnacionales. Es por eso que la población indígena se siente defraudada con el convenio del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EEUU y cree que no son suficientes las garantías constitucionales por parte del Poder Ejecutivo. El destape violento de las marchas se originó cuando chocaron las fuerzas policiales con los indígenas. La euforia, la impotencia, los nervios y la rabia desencadenaron una batalla campal entre ambas fuerzas, dando como resultado cifras de muertes no muy claras en ambos bandos. Como medida adicional se exige la dimisión del presidente peruano actual Alan García, así como del Presidente del consejo de ministros Yehude Simon, tal como se ha visto en el "Manifiesto al País y al Mundo" proporcionada por Minga Informativa de Movimientos Sociales y por el "Pronunciamiento" lanzado por Prensa Indígena.
Actualmente se esta culpando al gobierno por el crimen de genocidio debido al elevado número de indígenas muertos y desaparecidos. La fuente Servindi, nos indica que el vicepresidente de la Federación Regional Indígena Awajun del Alto Mayo (FERIAAM), Abel Tsajupat denuncia que el gobierno oculta la forma y los cuerpos mismos de los indígenas muertos. Dichas protestas se pueden ver en video en la web Kaosenlared.net. Además, organizaciones como Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMI), han enviado a varios comités de la ONU un "Pedido de intermediación presencial y urgente para detener la violencia en la amazonia peruana".
Naturalmente esta posición esta respaldada por varias organizaciones indígenas como Minga, Prensa Indígena, FERIAAM, ECMI, Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de Cauca (ACIN- Colombia), Asociación El Andino mediante Luis Barbarán, Fundación del Pueblo Indio del Ecuador, Ewiture mediante Fortunato Turpo Choquehuanca, y Chirapaq (Centro de Culturas Indígenas del Perú)
Postura del Poder Ejecutivo
El poder ejecutivo asegura que se cuenta con las garantías suficientes para no infringir en ningún derecho de las poblaciones indígenas en la selva, dice que se está asegurando una determinada área territorial (12 millones de hectáreas) suficiente para que se pueda preservar las diversas etnias en esa área (320 000 nativos) y 15 millones de hectáreas de santuarios naturales. Para el gobierno, el objetivo principal es evitar la destrucción del bosque amazónico por parte de mineros informales que contaminan con mercurio los ríos, los sembradores ilegales de coca y aquellas personas que practican la tala ilegal de los bosques para el contrabando de madera (se ha destruido 10 millones de hectáreas en los últimos años).
Sin embargo ayer 11 de Junio, en el congreso peruano, se ha aprobado la suspensión por tiempo indefinido de dichos DDLL; y ha publicado las cifras de muertos (24 policías, 9 pobladores civiles) y de heridos (155 personas, de las cuales 12 estarían hospitalizadas). En su comunicado figura el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) como institución irrestricta para realizar labores humanitarias.
Por otro lado, el gobierno está abierto al diálogo con dirigentes o representantes de los diferentes grupos indígenas pero considera que el AIDESEP no representa la suma de todos sino de algunos que tienen intenciones partidistas y electorales. Para el gobierno, las marchas han sido promovidas por grupos extremistas que difundieron entre los nativos que les arrebatarían sus tierras y ello motivó que tomen las carreteras y plantas productivas.
Organizaciones como ProDiálogo, Prevención y Resolución de Conflictos mediante su presidente de consejo directivo, el Sr. Ivan Ormachea recomiendan la busqueda de la paz mediante el diálogo entre ambas partes.
El gobierno rechaza cualquier acusación de genocidio y respalda la acción de los policías como respuesta a los ataques de los campesinos.
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