27 de febrero del 2011: Un año sin reconstruccíon
Chile es un país rico. Las arcas fiscales de nuestro país tienen fondos suficientes para construir viviendas dignas a los damnificados que perdieron su hogar, sin poner en peligro los equilibrios de la economía nacional. Sólo nos detiene la voluntad de los políticos.
A un año del terremoto y tsunami, los damnificados que sufrimos la peor catástrofe de nuestra historia nos sentimos abandonados por el gobierno.
En Dichato, por ejemplo, donde se encuentra el campamento más grande del país, con cerca de 500 mediaguas, no se ha levantado una sola vivienda y no han empezado siquiera las urbanizaciones de las futuras poblaciones. Las únicas obras visibles son la canalización de un estero y una cancha de tierra, que inauguró recientemente la intendenta del Bío Bío, con bombos y platillos. Los subsidios de reconstrucción no han sido asignados y la gente vive en la incertidumbre total.
En Constitución, otro de los lugares más golpeados por el sismo, la situación es parecida. Allí, el presidente inauguró hace algunas semanas mejoras en el acceso de una playa: un mirador y unos cuantos quitasoles de madera.
¿Por qué el Presidente, en el inicio de su campaña publicitaria previa a la conmemoración del 27F, va a Constitución a inaugurar el acceso a una playa? ¿Por qué la Intendenta del Bio-Bio inaugura una cancha de tierra? La respuesta es sencilla: en Dichato y en Constitución, el gobierno no tiene nada más que mostrar.
Hoy, a un año del terremoto que dejó a miles en la miseria, los damnificados de todo el país nos preguntamos, ¿Qué están esperando?
¿Están esperando que la gente se resigne y pierda la esperanza? ¿Están esperando que la gente abandone lo poco y nada que les quedó? ¿Están esperando que las familias se endeuden de por vida para recuperar la dignidad perdida? Al Gobierno y a toda la clase política les preguntamos, ¿Qué están esperando? ¿Están especulando con el dolor de los damnificados? ¿Existe algo más miserable que especular con el dolor de las personas?
De Rancagua a Concepción, hay familias pasando hambre porque no tienen acceso a créditos blandos que les permitan recuperar sus pequeños negocios. En Cerro O ´Higgins, hay familias chantajeadas para que desistan de su legítimo derecho a demandar al Estado por el derrumbe de un edificio construido por SERVIU, donde murieron 8 personas. Sólo si desisten de su demanda podrán recuperar sus viviendas.
En Cauquenes, hay familias que sacrificaron la universidad de los hijos para poder pagar un arriendo, porque los jóvenes no han recibido ningún tipo de ayuda para seguir estudiando.
En Santiago, hay familias separadas, repartidas en casas de familiares, que viven arrinconadas, tratando de no molestar.
En Talca, miles de familias luchan por no ser expulsadas de los históricos barrios que habitan desde hace décadas porque no son propietarios o no tienen regularizados sus títulos de dominio.
En La Poza, en Constitución, vive Emilio, quien perdió a su padre, a su hijo, su casa, su bote y su motosierra; su historia recorrió el mundo, pero de nada le ha servido, porque ni siquiera recibió ayuda para buscar a su hijo desaparecido.
En Chiguayante, Coronel y Talcahuano, hay familias vulnerables que serán expropiadas y recibirán una miseria por viviendas sociales que pagaron durante décadas. La desesperación es tal, que en Villa Futuro ya optaron por una huelga de hambre indefinida.
En Concepción, hay personas que deben pagar arriendo, dividendo, terapias físicas y psicológicas, abogados, y hasta los peritajes de sus edificios colapsados, con un sueldo de clase media que no les da a basto.
En Dichato, hay pequeños emprendedores que luego de décadas de trabajo habían conseguido construir casas y negocios que le daban para vivir. El 27 lo perdieron todo, hoy sobreviven en empleos precarios y más encima, deben enfrentar expropiaciones arbitrarias que les quitarán el único patrimonio que les quedó: un sitio eriazo.
En las caletas del Maule y Bio Bio, hay pescadores que no pudieron recuperar sus botes por estar en DICOM. ¿Y dónde están los alcaldes, los concejales, los gobernadores, los intendentes, los consejeros regionales, los seremis, los senadores y los diputados de todos esos distritos? Salvo honrosas excepciones, todos brillan por su ausencia.
Chile es un país rico. Las arcas fiscales de nuestro país tienen fondos suficientes para construir viviendas dignas a los damnificados que perdieron su hogar, sin poner en peligro los equilibrios de la economía nacional. Sólo nos detiene la voluntad de los políticos.
Somos mucho más ricos hoy que el año 1905, cuando Germán Riesco crea el Servicio Sismológico de Chile, después del terremoto de Valparaíso.
Somos mucho más ricos hoy que el año 39, cuando Pedro Aguirre Cerda promulga la "Ley de Reconstrucción y Auxilio y Fomento de la Producción" y crea la Corporación Nacional de Fomento, CORFO, que nace con la misión de impulsar la economía en las zonas afectadas por el terremoto de Chillán.
Somos mucho más ricos hoy que el año 60, cuando Jorge Alessandri posterga su programa liberal de gobierno, le otorga prioridad a la reconstrucción de Los Ríos y la Araucanía, y emprende la epopeya del Riñihuazo, luego del peor terremoto de la historia.
Somos mucho más ricos hoy que el período 1965 - 1970, durante el cual Eduardo Frei Montalva utiliza ocho veces el 2% constitucional, para mitigar el sufrimiento de los damnificados de temporales, sequía, terremoto, plagas y cesantía..
Somos mucho más ricos hoy que el año 71, cuando Salvador Allende, levanta en cuatro meses un Plan de Reconstrucción que especificaba el tipo y cantidad de viviendas a construir, la entidad a cargo de su ejecución, los plazos y la localización precisa del terreno sobre el cual se levantarían.
¿Qué ha hecho el gobierno de Sebastián Piñera para entrar en la historia de los grandes estadistas de Chile? Ha celebrado los goles de la Roja en las aldeas de emergencia, ha paseado el papelito de los 33 por el mundo; ha confirmado en su cargo a una Intendenta que utilizó el terremoto como excusa para premiar a sus fieles, aunque estos no fueran damnificados; y ha invadido de efectivos policiales una pequeña localidad costera, para silenciar a los verdaderos damnificados.
Frente a este panorama desolador, donde prima el abandono del Estado y el abuso de los privados, los damnificados no nos hemos quedado de brazos cruzados. Al contrario. Desde el mismo 27 de febrero del 2010, nos organizamos primero para sobrevivir dignamente en la emergencia; y luego, hemos trabajado codo a codo para recuperar las condiciones básicas de una vida civilizada: baño, ropa, techo, luz eléctrica, agua potable, visibilidad mediática, legitimidad política, fuentes laborales y la posibilidad de una vivienda definitiva en el mismo barrio que nos vio crecer. Casi todo lo que se ha avanzado en reconstrucción a lo largo de este año, se ha conseguido gracias a la presión de las comunidades organizadas. Y aún así es poco, demasiado poco.
Poco, porque las políticas públicas de reconstrucción nada tienen que ver con la realidad del terremoto. Los subsidios habitacionales son los mismos subsidios que operan en tiempos normales, tan burocráticos que llegan a ser absurdos en tiempos de terremoto. ¿Acaso no es absurdo que una persona que se quedó en pijama en la calle, con apenas su celular en la mano, deba gastar 50 o 100 mil pesos que no tiene, para sacar decenas de certificados que demuestran que es un damnificado, y que luego quede fuera de los subsidios porque su título universitario le otorga más de 14 mil puntos en la Ficha de Protección Social? Casos así, hay decenas de miles entre Santiago y Angol, entre Valparaíso y Tirúa. Las comunidades que han conseguido excepciones para postular a los subsidios son contadas con los dedos de la mano.
El avance es lento también porque a lo largo de todo el país hay empresarios afilándose los colmillos, esperando la oportunidad para sacar ganancias de la catástrofe. Empresarios turísticos aguardando las expropiaciones del borde costero para comprar a bajo costo. Empresarios inmobiliarios aguardando la desesperación de los damnificados para comprar a bajo costo. Bancos, aseguradoras y liquidadoras apostando a la indefensión de las víctimas del terremoto, para sacar utilidades de su desgracia.
Algunos casos han salido a la luz, como el sobrepago de las mediaguas, la compra de materiales de construcción a las tres grandes cadenas del rubro, y el puente mecano que le costó el puesto al ministro de defensa. Pero quienes pagan por sus faltas son los menos. ¿Cómo es posible que pasen estas cosas? ¿Cómo es posible que la empresa que construyó el mayor número de edificios nuevos que resultaron inhabitables o con daños estructurales, se adjudicara las licitaciones del MOP para estabilizar esos mismos edificios? ¿Por qué se premia y no se castiga a quienes hacen mal las cosas y se aprovechan de la reconstrucción?
Y hasta la fecha, los damnificados seguimos solos.
Más artículos de: Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa