Flujo de migrantes de paso hacia EEUU
Comunicaciones Aliadas
Gobierno costarricense garantiza atención humanitaria a migrantes africanos en el Campo Ferial Paso Canoas. / Dirección de Prensa de la Presidencia de la República
Autoridades abordan problema de migración no bienvenida desde perspectiva humanitaria y legal.
Costa Rica está enfrentando uno de los mayores desafíos a su bien ganada reputación en la defensa de los derechos humanos: cómo evitar que el masivo flujo de migrantes irregulares se convierta en crisis.
Las autoridades costarricenses están tratando de impedir que ocurra un escenario similar al drama de miles de migrantes que llegan a Europa y está teniendo éxito en esto.
Aunque es un flujo no deseado de personas que se dirige a EEUU, buscando "el sueño americano", el gobierno de Costa Rica está haciendo esfuerzos para lograr un balance entre el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de la legislación interna. Esto incluye satisfacer las necesidades básicas y algún tipo de legalidad para la población migrante que incluye niños pequeños y mujeres embarazadas.
En relación a la emergencia, el ministro de Comunicaciones Mauricio Herrera -vocero del gobierno y coordinador del esfuerzo- manifestó a Noticias Aliadas que este caso no tiene precedentes en el país.
Por años, América Central ha sido un corredor para el éxodo constante de ciudadanos cubanos que quieren reencontrarse con amigos y familiares en EEUU, buscando empleos y salarios que no pueden encontrar en su país de origen.
A diferencia de otras personas que se dirigen a EEUU, los cubanos -que no son migrantes irregulares- tienen algunas garantías en relación a su ingreso a territorio estadounidense basadas en la legislación hecha para ellos.
Uno de esos instrumentos es la "Ley para Ajustar el Estatus de Refugiados Cubanos a la de Residentes Permanentes Legales en EEUU y para otros fines" (Act to adjust the status of Cuban refugees to that of lawful permanent residents of the United States, and for other purposes), un nombre largo que fue reducido a Ley de Ajuste Cubano (CAA-Cuban Adjustment Act). La CAA, en vigencia desde noviembre de 1966, permite a ciudadanos cubanos ingresar a EEUU para permanecer y trabajar allí, y les da un año para convertirse en residentes permanentes.
Se aplica a cubanos que han llegado a EEUU a partir del 1 de enero de 1959, fecha en que el Movimiento 26 de Julio, encabezado por Fidel Castro, derrocó a la dictadura represiva y corrupta dirigida por el general Fulgencio Batista (1952-1959).
Una revisión de la CAA en 1995 dio paso a la política "Pies Mojados-Pies Secos" (Wet Foot, Dry Foot) que junto con la anterior, garantiza a ciudadanos cubanos que ingresan a suelo estadounidense a través de sus 3,155 km de frontera con México -con "pies secos"- la posibilidad de calificar para la ciudadanía de EEUU.
Esto no aplica a quienes tratan de ingresar al país a través del peligroso trayecto marítimo de 90 millas -con "pies mojados"- entre Cuba y EEUU, por lo general en improvisadas embarcaciones de madera.
En noviembre del 2015, las autoridades costarricenses desarticularon una estructura ilegal local conformada por "coyotes" (traficantes), eslabón en la larga cadena de redes del crimen organizado que cobran a los migrantes irregulares para llevarlos a EEUU, a través de un largo y riesgoso trayecto que comienza en Sudamérica -Ecuador, seguido por Colombia-, cruza América Central y México antes de llegar a su destino.
Esto dejó a un creciente número de cubanos varados en Paso Canoas, en la frontera entre Costa Rica y Panamá, situación que empeoró con la decisión de Nicaragua de no permitir el ingreso a su territorio por la frontera con Costa Rica a migrantes irregulares en ruta hacia EEUU.
Esfuerzos diplomáticos
Los intensos esfuerzos diplomáticos desplegados por las autoridades costarricenses a comienzos de año llevaron a una solución que involucra también a El Salvador, Guatemala y México, para permitir a los aproximadamente 8,000 ciudadanos cubanos afectados -entre ellos, muchas familias y cinco bebés nacidos en Costa Rica- llegar a salvo a su destino.
Una exitosa operación llevada a cabo entre enero y marzo hizo posible para esos cubanos abandonar Costa Rica en buses y vuelos comerciales, solución que el gobierno costarricense -particularmente el presidente Luis Guillermo Solís y el ministro de Relaciones Exteriores Manuel González- advirtió insistentemente que era por única vez y que no volvería a implementarse.
Sin embargo, en abril más ciudadanos cubanos trataron de ingresar desde Panamá-intentando que se les aplique el mismo tratamiento-, a través de Paso Canoas, ciudad a 320 km al suroeste de San José, la capital, pero les impidieron el ingreso. Paso Canoas es una bulliciosa localidad comercial a ambos lados de la frontera de 330 km entre Costa Rica y Panamá.
Inmediatamente después de la irrupción de cubanos, cientos de africanos en situación irregular -descritos por el gobierno costarricense como migrantes "extracontinentales"- lograron ingresar con la esperanza de cruzar la frontera de 309 km entre Costa Rica y Nicaragua, y continuar su viaje hacia el norte.
Para los extracontinentales, el trayecto es mucho más largo, ya que implica cruzar el Océano Atlántico -por lo general en barcos cargueros-, llegar a Brasil o Colombia, y luego dirigirse hacia el norte.
Pero el gobierno nicaragüense está decidido a mantener cerrada su frontera con Costa Rica a migrantes irregulares que se dirigen hacia EEUU y que no pueden ser devueltos a Panamá porque sus autoridades se niegan a aceptarlos ya que carecen de documentos de identidad.
Por tanto, la situación que comenzó en Paso Canoas se está replicando en Peñas Blancas, en la frontera norte de Costa Rica, a 311 km de San José, y más de 500 km de Paso Canoas.
"Es una situación inédita para Costa Rica", dijo el ministro Herrera, periodista que el año pasado dejó el cargo de editor de Semanario Universidad, el informativo de la estatal Universidad de Costa Rica, para unirse al equipo de Solís.
"Nuestras leyes y nuestras estructuras institucionales, en términos migratorios, estaban preparadas para atender el flujo normal de migrantes -incluso, cierto flujo normal de migrantes irregulares cuando vienen de Nicaragua, de Panamá, o latinoamericanos", agregó. "Pero, definitivamente, nuestras leyes, nuestro marco institucional no podía estar preparado para migraciones masivas de ciudadanos cubanos y, mucho menos, para migraciones masivas de personas viniendo de África o de Asia".
"Entonces, estamos haciendo todo lo posible para atender, de la mejor manera, esa situación (...) desde dos perspectivas, y esto es un eje central en la política de tratamiento de esta situación migratoria", precisó. "En primer lugar, atendemos esta situación desde la perspectiva humanitaria, es decir, de protección de los derechos humanos y de dignidad de las personas y, también -paralelamente al enfoque humanitario- lo atendemos de tal forma que hagamos cumplir las leyes costarricenses. En los dos aspectos hemos sido muy consistentes y hemos sido muy rigurosos".
Herrera explicó, asimismo, que "de esas dos perspectivas se deriva todo el resto de lo que hemos estado haciendo. Quienes ya han entrado al país, que tengan la atención humanitaria mínima, que garantice su dignidad y que impida que esas personas se enfermen o que tengan alguna lesión a su integridad personal".
No es paso legal
La asistencia es proporcionada inicialmente en un campamento instalado en el Campo Ferial Paso Canoas, y posteriormente en otras instalaciones en localidades vecinas.
"Entonces, eso significa que se ha instalado un sistema de atención básica que haga posible la satisfacción de las necesidades humanas esenciales, por un lado, y, por el otro -que es totalmente coherente con este enfoque- es que, de primer momento que han logrado entrar ya al país, se les aplique las leyes nacionales en esta materia, y se aplica, al pie de la letra, la Ley de Migración", agregó.
"Un mensaje muy importante", resaltó Herrera. "Costa Rica no está dando visas a esas personas, ni autorizándoles un tránsito hacia Nicaragua. Costa Rica no es paso legal de migrantes irregulares hacia Nicaragua ni hacia EEUU, y esta migración no es bienvenida. Y no es bienvenida porque, en primer lugar, no hay documentación, no hay forma de saber con precisión, quiénes son. Por otro lado, el país no tiene condiciones para atender a esta población adecuadamente".
Al registrar las autoridades de inmigración a los extranjeros que llegan y ubicarlos dentro de un sistema que incluye asistencia médica y humanitaria, "nos permite, por lo menos en el territorio nacional, quitárselo a los coyotes. Dentro de Costa Rica no requieren que ningún coyote los cruce por el país, porque (...) ellos tienen un procedimiento migratorio".
Ese procedimiento incluye un documento que es emitido a cada migrante registrado por la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), indicando, entre otros datos, la falta de documentos, su situación de irregularidad, y permitirles trasladarse libremente en todo el país.
Esto "ha permitido que el país absorba el impacto de estas migraciones irregulares no bienvenidas (...) sin que causen crisis", dijo.
Según Herrera, es necesario llevar a cabo cambios institucionales "de tal manera que esas situaciones, cuando ocurren, no se conviertan en crisis -o que sean crisis que puedan ser administrables-, que es a lo que aspiramos en toda esta situación".
Atrapadas en un escenario altamente complejo y no deseado, que es muy probable que persista por algún tiempo, las autoridades costarricenses están buscando posibles soluciones que son de naturaleza regional, sostuvo Herrera.
Según el ministro, "hemos activado mecanismos ante la OEA [Organización de Estados Americanos], ante la CELAC [Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños], por eso el presidente, hace poco, estuvo en la cumbre de la AEC [Asociación de Estados del Caribe] y se ha referido a este tema, porque las soluciones tienen que ser de carácter regional".
Esto incluiría usar la diplomacia para llegar a acuerdos regionales, o la posibilidad de que otros países acepten a los migrantes, y más ampliamente, involucrar a organizaciones internacionales en una lucha más eficaz contra el tráfico de personas, indicó.
Desde su punto de vista, otra solución sería recurrir a "algún mecanismo de carácter humanitario [para] que Costa Rica pueda autorizarles (...) a permanecer algún tiempo aquí, en el país, con posibilidad de trabajar. Pero también hay que dejar claro que hay una realidad, y es que estas personas, lo que quieren, es pasar la frontera".
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