Campaña internacional contra la creciente criminalización de los movimientos sociales en Brasil
"La Justicia, en un cantar monótono, coloca la defensa del derecho a la propiedad, aun no cumpliendo su función social, por encima de la defensa de los más elementales derechos de los ciudadanos. Es del conocimiento de todos que la Reforma Agraria genera más empleos directos y hace circular las riquezas dentro del propio municipio, a diferencia de los grandes emprendimientos agropecuarios."
El Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST) de Brasil empezó una campaña internacional contra la creciente criminalización de los movimientos sociales en Brasil.
Entidades divulgan nota denunciando encarcelamiento de militantes del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil.
Luchar por la tierra, un ejercicio de ciudadanía
En la tarde del 31 de mayo, uno de los dirigentes nacionales del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST), con actuación en el Estado de Goiás, José Valdir Misnerovicz, fue preso en el Estado del Río Grande del Sur, en una operación conjunta de las policías de los Estados de Goiás y Rio Grande del Sur. Dos de los carros de la Policía Civil de Goiás estaban en el Río Grande del Sur y están trasladando a Valdir para Goiás.
Ese mismo día se cumplieron 47 días de prisión del militante del MST Luiz Batista Borges, del acampamiento Padre Josimo, en Santa Helena, Goiás. Se encuentra preso en el municipio de Río Verde. Ante eso, las organizaciones que firman la presente nota, indignadas con la parcialidad de la Justicia, exponen a la opinión pública nacional, el contexto y los motivos de estas prisiones.
La orden de prisión
En el día 14 de abril de 2016, un colegiado de tres jueces, presididos por el juez de la Comarca de Santa Helena de Goiás (GO), expidió una orden de prisión en contra de los pequeños agricultores Luiz Batista Borges, Diessyka Santana y Natalino de Jesus, integrantes del campamento Padre Josimo, y en contra de José Valdir.
Misnerovicz, conocido nacional e internacionalmente como militante y defensor de la Reforma Agraria.
Luiz fue apresado al atender a una invitación para presentar declaraciones en la estación de policía local. Lo absurdo que nos salta a los ojos en este proceso es que el MST, por primera vez, fue procesado baja la Ley nº 12.850/2013, que tipifica las organizaciones criminales.
La decisión judicial, según todo indica, fue articulada con el gobierno estadual. Dos días antes, el 12 de abril, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Goiás había proclamado la ordenanza n. 446, que impone a las policías Civil y Militar el estado de "preparación", por dos meses, para la supuesta "protección del orden y de la paz social", para acompañar "posibles delitos en conflictos urbanos y rurales". La Secretaría de Seguridad preveía violentas manifestaciones en el caso de la prisión de los dirigentes del movimiento.
¿Qué está por detrás de esta decisión?
La decisión judicial está relacionada con la ocupación por más de 1.500 familias vinculadas al MST de una pequeña parte de la Planta de Santa Helena, que está bajo proceso de recuperación judicial. La usina es parte del grupo económico NAOUM, que está siendo procesado por la práctica de diversos crímenes, entre los cuales está el ocultar documentos y equipos de informática con la finalidad de borrar las pruebas de fraudes y el no cumplimiento de obligaciones laborales. Existen más de dos mil casos laborales en curso en contra del grupo, lo que deja a sus ex funcionarios en la absoluta marginalidad, privados de las necesidades básicas de sobrevivencia. Los trabajadores desempleados han hecho constantes manifestaciones en contra de la planta.
A parte de eso, los antiguos administradores, Sres. Monir Naoum, Willian Naoum y Georges Naoum, fueron condenados por la práctica de crimen de apropiación indebida de contribuciones sociales, una vez que descontaban de los funcionarios las contribuciones debidas y no las repasaban a los cofres públicos. Además, el grupo ha dejado sistemáticamente de cumplir con sus obligaciones tributarias. Después de decretada la recuperación judicial, se calcula que la deuda del grupo con el erario público llegaba a R$ 1.257.829.201,07.
Frente a eso, el Estado entró con un proceso de ejecución fiscal en contra de la Planta en la Jurisdicción Federal de Anápolis. Ésta decidió que los inmuebles de la Planta Santa Helena fuesen adjudicados, es decir, fuesen transferidos al dominio del Estado para quitar una pequeña parte de la deuda con la Hacienda Pública Federal. Y ésta ha manifestado el interés de destinar el inmueble al INCRA para la Reforma Agraria.
Fue entonces que los trabajadores Sin Tierra ocuparon parte del inmueble con la finalidad de presionar a los gestores públicos para que acelerasen el proceso de transferencia del mismo para el INCRA. Consumada la ocupación, se interpusieron dos acciones de reintegro de posesión en contra de los ocupantes, en procesos distintos. En las dos acciones fue determinado el desalojo forzoso de más de 1.500 familias acampadas, todas ya produciendo alimentos en el área.
Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia ha determinado que la decisión del Tribunal Federal de Anápolis era competencia del juez de la Comarca de Santa Helena de Goiás, quien falló la nulidad de la acción juzgada en Anápolis y decidió que "el inmueble debe ser destinado a la actividad agroindustrial de caña de azúcar y que los Sin Tierra difícilmente lograrían llevar a cabo tal actividad con éxito, causando daños inmensurables al municipio de Santa Helena". Destacamos que en las áreas ocupadas no existe plantación de caña, y sí de soya.
¿Quién es el criminal?
Frente a lo expuesto, debemos preguntar, ¿cuál es la organización criminal? ¿Quién es más dañino a la sociedad? ¿Los Sin Tierra que luchan por la reforma agraria, principio consagrado por la Constitución de la República, o la Planta Santa Helena que deja millares de trabajadores al borde de la pobreza extrema por no cumplir con sus obligaciones laborales, además de no honrar sus deudas con sus proveedores y con el Estado?
Caracterizar al MST como una organización criminal es la forma más inconsecuente de combatir a os movimientos sociales. Ya existe una grande jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia, del Supremo Tribunal Federal y de Tribunales de Justicia afirmando que la lucha de los Sin Tierra es un ejercicio de ciudadanía y que no se debe, por lo tanto, confundirla con un crimen. En todo el Estado de Goiás nunca hubo condena judicial a ninguna ocupación de tierra hecha por el MST.
En el contexto de la crisis política que vive Brasil hoy, la determinación de la Secretaría de Seguridad de Goiás, colocando sus policías en estado de alerta, no es nada más que el intento de transformar el Estado en un laboratorio de represión a los movimientos sociales. También es en el contexto de esa crisis que las fuerzas reaccionarias del latifundio e del agronegocio encuentran respaldo para sus acciones violentas. En 2015, según el reporte Conflictos en el Campo Brasil, de la CPT, fueron asesinados 50 trabajadores en conflictos en el campo, número más elevado desde 2004. Y en estos primeros cinco meses del 2016, ya son 23 trabajadores asesinados. Entre ellos se destaca la ejecución de dos militantes del MST en el Estado de Paraná.
La Justicia, en un cantar monótono, coloca la defensa del derecho a la propiedad, aun no cumpliendo su función social, por encima de la defensa de los más elementales derechos de los ciudadanos. Es del conocimiento de todos que la Reforma Agraria genera más empleos directos y hace circular las riquezas dentro del propio municipio, a diferencia de los grandes emprendimientos agropecuarios. Ejemplo de eso es el propio municipio de Santa Helena de Goiás, prodigio en el uso de pesticidas y completamente incapaz de producir du proprio alimento.
La prisión del señor Luiz Batista Borges y de Valdir Misnrovicz es la demonstración cabal de en cuál lado se coloca la Justicia brasileña. Cuando los pequeños se levantan en busca y en defensa de sus derechos son percibidos como malhechores y un peligro a la tranquilidad social. Ya el robo de los derechos de los pequeños es percibido como un proceso normal, y es el precio a ser pagado al desarrollo del país. Y frente a eso se doblan los poderes constituidos.
¿Cuándo es que vamos a ver la Justicia brotar en nuestra nación?
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