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Argentina: El gobierno prohibió decir "agrotóxico"

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"Ya que su empleo implica una posición valorativa negativa (sic) y en cambio "se debe" emplear "fitosanitario" (o agroquímico), sin importar su etimología, no solo valorativa sino claramente tendenciosa y falsa: "sanador de plantas", en línea con el marketing de la industria química".

El lenguaje debía ser uniforme, sin regionalismos ni connotaciones sociales: la neutralización de las palabras era una búsqueda ideológica persistente de las autoridades, tanto a través de la escuela como de los medios de comunicación. Hasta había palabras desaconsejadas por el poder militar: "calzado" en lugar de "alpargatas", recordaba la escritora santafesina Laura Devetach, en otro acto de censura explícita utilizado por la dictadura militar del 76.

Cuatro décadas más tarde el explosivo vuelve a activarse, esta vez por la pluma de un director del INTA que prohíbe expresamente utilizar el vocablo "agrotóxico" ya que su empleo implica una posición valorativa negativa (sic) y en cambio "se debe" emplear "fitosanitario" (o agroquímico), sin importar su etimología, no solo valorativa sino claramente tendenciosa y falsa: "sanador de plantas", en línea con el marketing de la industria química.

El hecho es que "manu militari", un burócrata acaba de prohibir a los técnicos y científicos del organismo público expresarse como deseen acerca de la materia específica sobre la cual desarrollan su especialidad.

Muchas críticas se han vertido respecto del cuestionable accionar de las agencias estatales con relación al modelo agrario transgenizado, de recordar nada más los padecimientos del Dr. Andrés Carrasco dentro del CONICET, a cargo del inefable Barañao, mientras negaba hipócritamente cualquier persecución. Sin embargo la orden ahora impartida configura un hecho inédito en democracia, que avanza explícitamente sobre derechos constitucionales de integrantes del instituto científico-técnico estatal, pero también a sabiendas de que los documentos oficiales llegarán al gran público deliberadamente recortados, "endulzando" el uso de productos probadamente tóxicos en el agro, precisamente AGROTÓXICOS, estrategia publicitaria más propia del inescrupuloso vendedor que intenta colocar su producto de mala calidad que de funcionarios de la democracia.

Es difícil no advertir hacia dónde conduce una dinámica de comportamientos fascistas. .La historia es pródiga en ejemplos.

Todos los que hoy son ingenieros, abogados, médicos y que en su mayoría se oponían al régimen se veían obligados a enterrar sus ideas, sus creencias más sinceras y nobles y a proclamar durante sus exámenes "amor al franquismo" para poder graduarse.

¿A qué distancia estamos de la exigencia de los certificados de lealtad al régimen y de "buena conducta" a todos los que intentan simplemente comer con el sudor de su frente para tener un modesto empleo o hacer estudios?

Todos son enemigos, hasta una palabra.

La comunidad científica y técnica del país está obligada a callar lo que le gritan las víctimas, a reconocer públicamente las mayores aberraciones, ya que este reconocimiento es necesario para ganar el pan de cada día.

La directiva es una afrenta a la democracia.

Exigimos la inmediata anulación de esta ridícula pero peligrosa instrucción, reponiendo inmediatamente la libertad de los científicos, técnicos o empleados para expresarse del modo que lo consideren conveniente en cualquier documento, con la libertad que les garantiza la constitución, cuya única exigencia es la idoneidad, requisito que difícilmente acredite quien emitió una orden más propia de tiempos de la inquisición que de una verdadera democracia.



Publicado: mayo 2017

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