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Crónica de hectáreas llenas de sangre

Carlos A. Villalba *
Alai Amlatina

Son los mapuches. Una población compuesta por 113.680 personas en todo el territorio nacional que se reconocen en ese origen, sobre el total de 43.590.368 de habitantes que tiene el país según el último censo realizado en la Argentina (2010).

En homenaje a Santiago Maldonado

"Pretender saber quiénes son los dueños de la tierra en América Latina,
resulta una misión imposible.
La opacidad en las transacciones, el uso de sociedades pantalla,
la titulación a nombre de terceros, el secretismo y las barreras burocráticas
crean un escudo que oculta la verdadera identidad de los propietarios.

OXFAM.
Oxford Committee for Famine Relief

Prontuario

Constituyen la continuidad del "terrorismo de los ´70" en la Argentina,
operan en acuerdo con el ISIS y están financiados por las FARC colombianas;
son agentes de la corona británica,
desarrollan estrategias al estilo de Sendero Luminoso,
están relacionados con los independentistas vascos de la ETA
y con grupos kurdos del Norte de Irak.
Son secesionistas, les declararon la guerra a Chile y Argentina, del otro lado de la cordillera provocaron incendios forestales de tal porte que Michelle Bachelet se vio obligada a decretar el estado de catástrofe.
Trasiegan armas entre ambos países a través de los mismos pasos cordilleranos "secretos" que sus antepasados usaban para hacer invernada y veranada de ovejas y cabras antes de la llegada de europeos y criollos.
Son responsables de delitos como privación ilegítima de la libertad,
intento de asesinato, abigeato, usurpación y daño a la propiedad privada,
terrorismo, tenencia de arma de fuego, incendio de propiedad con habitantes adentro
y violación de la ley de extranjería.

Son los mapuches. Una población compuesta por 113.680 personas en todo el territorio nacional que se reconocen en ese origen, sobre el total de 43.590.368 de habitantes que tiene el país según el último censo realizado en la Argentina (2010).

En la Patagonia se distribuyen en las provincias de Chubut (31.771), Neuquén (39.634), Río Negro (39.869), Santa Cruz (4.408) y Tierra del Fuego (975), para totalizar 78.534 habitantes, con un total nacional de solo 13.237 que viven en comunidades indígenas.

Dibujando un enemigo

Están tratando de presentar a esa pequeña población originaria como un "peligro", a partir de falsedades contra una comunidad que constituye el 0,3% de los habitantes del país, con solo el 0,09% radicados en Río Negro y apenas el 0,0033 viviendo en comunidad, un puñado de los cuales habita el Pu Lof en Resistencia del departamento Cushamen, al noroeste de Chubut que, además -según sus propios jefes-, no integra la demonizada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Desde marzo de 2015 un grupo de ellos se instaló en tierras que el Estado ahora reconoce como propiedad del grupo Benetton, donde está enclavada la estancia Leleque, pero que desde finales del Siglo XIX documentó como propiedad originaria.

De las 22.322.300 hectáreas usurpadas con las matanzas de su ejército solo en la actual provincia de Chubut, el general Justo Argentino Roca impuso el reparto, en función de los rangos de cada uno de sus militares, de 4.750.741 hectáreas entre los herederos de Adolfo Alsina, su antecesor como ministro de Guerra y Marina, y de 541 oficiales y suboficiales responsables de la campaña de ocupación. Para "corregir lagunas" en el reparto, poco después se entregaron otras 2.828.317 hectáreas a 154 uniformados y algunos civiles asociados a la campaña.

Con la intención confinar a los indios a lugares restringidos, transformarlos en sedentarios para mantenerlos bajo control, evangelizarlos, aculturarlos y sumarlos al servicio militar obligatorio, al amparo de la Ley del Hogar Nº 1501 de 1884 un decreto presidencial "concedió" 50 "leguas de campo" equivalentes a 125.000 hectáreas, para la instalación de las familias lideradas por el cacique Miguel Ñancuche Nahuelquir en la "colonia aborigen pastoril" Cushamen.

Cushamen -voz mapuche que para la mayoría significa "el centro", pero "caballo quebrado" para otros- , está enclavada en tierras áridas y fue loteada contra las costumbres ancestrales en 200 parcelas de 625 ha cada una, que la hacen no sustentable productiva y económicamente, la mayoría sin acceso a aguadas y sin diferenciación entre campos de veranada e invernada. Prácticamente rodeado por las estancias de la Compañía de Tierras del Sud Argentino Limitada, hoy en poder del Grupo Benetton, nacida como "The Argentine Southern Land Co", empresa británica que obtuvo las mejores tierras y las más cercanas a la línea del ferrocarril, favorecida por el gobierno argentino por haber financiado el exterminio de la "Conquista del Desierto".

La mayoría de la población vive en situación de extrema pobreza, marginación y con dificultades de acceso a salud, educación y alimentación, a pesar de lo cual se construyó una fantasía bélica, convertida en hipótesis de conflicto militar por el Ministerio de Seguridad argentino, las Fuerzas Armadas a las que incita el senador justicialista rionegrino Miguel Ángel Pichetto y por los diarios de mayor circulación nacional.

Esta visión, exacerbada a partir de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, se apoya en los prejuicios, el racismo y el etnocentrismo subyacentes, reverdecidos en los últimos años, que aloja parte de la sociedad y es empujada y orientada por las patronales rurales del país, especialmente de la Patagonia, en este caso con la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) a la cabeza.(1)

Es una construcción semejante a la del "enemigo interior" desarrollado por la Doctrina de Seguridad Nacional para enmarcar y justificar las represiones antipopulares de las dictaduras cívico-militares de los ´70, que desembocaron en genocidios y matanzas como los de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Guatemala, El Salvador… y "reordenaron" los modelos productivos nacionales en beneficio del capital transnacional, ávido en controlar e importar y en exportar mecanismos financieros.

La acumulación de acusaciones que abre esta nota, fue diseñada por el gobierno de Mauricio Macri y los dueños de las tierras, amparada por el aparato judicial y diseminada y amplificada por medios de comunicación y periodistas de sus plantillas que apuntan a estigmatizar a los indígenas, justificar su persecución, incumplir con las leyes que los protegen y confirmar el despojo de sus tierras que lleva siglos y avanza hacia la desaparición de esos pueblos.

La vida, el patrimonio y la cultura de los pueblos originarios no es lo único que está en juego, ni es el objetivo exclusivo de la maniobra. Las tierras, el subsuelo y los bienes comunes de la Tierra -concebidos como recursos naturales por los perseguidores- constituyen la verdadera presa.

El 80% de la producción de petróleo y gas natural -una de las grandes reservas de agua dulce del planeta junto al acuífero Guaraní- y un potencial hidroeléctrico sin límites, gracias a que trece de las cuencas pluviales más importantes del mundo se encuentran en la extensión gigantesca de la Patagonia. Una región que también acuna bienes estratégicos como uranio, oro, plata, el principal yacimiento de carbón del país, plomo, cinc, cobre y arenas pesadas usadas para la obtención de concentrado de titanio.

Las acusaciones contra el pueblo mapuche, los intentos de desalojo y hasta la desaparición forzada de Santiago Maldonado se despliegan en ese tablero, tan rico como extranjerizado. Entre los objetivos intermedios de esta ofensiva figuran la anulación de un conjunto de leyes impulsadas y sancionadas durante los gobiernos kirchneristas como la 26.160, que declara la "emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país"; la 26.737 de "protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales" destinada a regular y frenar la extranjerización de la tierra, con un papel central en la regulación de compras y transferencias de tierras y ya destruida por el decreto Macri 820/2016, o la 27.118 de "Reparación Histórica de la Agricultura Familiar", que legisla la suspensión de los desalojos a familias campesinas.(2)

La Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de la Nación, liderada por Emilio Pérsico publicó en 2013 el "Revelamiento y sistematización de problemas de tierra de los agricultores familiares" que reflejaba 857 situaciones de conflicto en todo el país, abarcando 9.293.233 de hectáreas en litigio con 63.843 familias de agricultores familiares afectadas.

"La Conquista del Desierto no ha terminado"

Fuera del libreto oficialista, las palabras de los mapuches, incluida la del líder del Lof de Cushamen, Facundo Jones Huala, incluyen propuestas para la solución del conflicto generado por la apropiación extranjera de sus tierras absolutamente lejanas de cualquier intento secesionista.

El rechazo a la colonización cultural a la que es sometido su pueblo, no niega la existencia de un Estado con Constitución y leyes, el argentino, cosa que prueba con su exigencia del cumplimiento de las mismas. Jones Huala -nacido y documentado en Bariloche, Argentina, hace 31 años- considera que "una forma de descomprimir (la situación) es la entrega de tierras, como establece la Constitución y las leyes que el mismo Estado ha legislado. Tienen que frenar los desalojos y devolver las tierras que, está probado, fueron robadas por grandes terratenientes y empresas".

El joven lonko -"cabeza" de su comunidad- permanece detenido en Esquel, dos veces juzgado por la misma causa por presión de la Sociedad Rural y a pedido del gobierno de Chile que pretende su deportación por "terrorismo, tenencia de arma de fuego, incendio de propiedad con habitantes adentro y violación de la ley de extranjería", en lo que él define como un "nuevo Plan Cóndor". Desde la cárcel en julio pasado desplegó sus argumentos ante Página 12 y resaltó que "tanto el artículo 75 de la Constitución, que habla de tierras aptas y suficientes, como el Convenio 169 de la OIT, no se cumplen. Incluso la Ley 26160, que debe frenar los desalojos, no se aplica. Si no nos han desalojado no ha sido gracias a jueces, sino que las comunidades hemos resistido en los territorios. Está claro que solo se aplican los derechos que benefician a los poderosos".(3)

Sus exigencias son las que lo sentencian a ser perseguido. Enfatiza que "La Conquista del Desierto no ha terminado" y reclama "dejar de regalarle tierras a las mineras y petroleras y cumplir la deuda con los pueblos preexistentes, como dice la Constitución Nacional, que estamos acá desde antes que esto se llame Argentina. Solo queremos la tierra para seguir vivos. Entre todos debemos construir un mundo más habitable, con el derecho a ser diferentes".

Por todas esas razones, impulsan "recuperaciones" territoriales, "algo básico" como volver a la tierra en la que nacieron, y luego avanzar en recuperaciones productivas, "donde podamos ver crecer a nuestros hijos y nietos". Porque ser mapuche "es seguir un modo de vida de respeto y armonía con el territorio, no depredador, y al mismo tiempo comunitario. El capitalismo, donde una de sus caras es el extractivismo, es todo lo contrario".

* Carlos A. Villalba. Psicólogo y periodista argentino, Investigador Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

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1 Carlos A. VILLALBA: La Argentina Mapuche I MALDONADO ESTÁ DONDE BULLRICH LO OCULTA.
2 Ley de REPARACIÓN HISTÓRICA DE LA AGRICULTURA FAMILIAR.
3 Facundo JONES HUALA: La Conquista del Desierto no ha terminado.



Publicado: noviembre 2017

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