Espionaje en democracia
Uruguay. Los servicios de inteligencia de cualquier organismo policial o militar son parte esencial de su propia labor. Las tareas especiales y reservadas para obtener información de los estamentos que se vigilan, son tan importantes en las tareas policíacas, que a nadie escapa que gran parte del éxito de las mismas depende, precisamente, de la obtención de esa información.
Así entendida la represión a las actividades delictivas o la prevención para que no se realicen, solo serán posibles si, en efecto, los servicios de inteligencia brindan datos concretos acerca del tráfico de drogas, del contrabando, del abigeato, del lavado de dinero, de la trata de blancas, del tráfico de órganos, de pornografía infantil o cuanta actividad humana sea considerada ilegal y esté reñida con la justicia y atente contra la esencia misma de la sociedad.
Nadie puede ser tan ingenuo y no reconocer que, entonces, efectivamente, esas labores de inteligencia e información se deben instrumentar desde los organismos del estado específicamente conformados para reprimir los delitos que se cometen o más aún, para evitar que se cometan y desactivarlos antes de que se produzcan.
El asunto aparece como objeto de estudio y alarma social, cuando esas labores de inteligencia se operan desde los mismos organismos públicos que las efectúan, pero esta vez dirigidas a ámbitos, organizaciones, actividades y personas perfectamente admitidas por la legislación vigente, es decir, son legales y en democracia, particularmente en ámbitos de la sociedad civil.
Podemos afirmar que a la salida de la dictadura continuaron operando los servicios de información de las FFAA y de la Policía. Con mayor o menor sujeción a los mandos orgánicos, bien sabemos que se vigilaban sindicatos, gremios estudiantiles, organizaciones de Derechos Humanos, dirigentes políticos y hasta a la misma iglesia, sobre todo en sus sectores más relacionados con las cuestiones sociales. ¿Qué tendrían para decir los ministros del Interior Manini Ríos o Marchesano o Forteza o Buscasso, todos colorados? ¿Qué tendrían para decir Ramírez o Iturra o Gianola, todos herreristas? ¿Qué tendrían para decir los ministros de Defensa Chiarino, Medina, Brito?
Las denuncias realizadas públicamente en la prensa y la conformación en noviembre de 2016 de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados en relación al conocido “archivo del coronel Castiglioni”, dan prueba de la total impunidad con que se realizaban tareas de espionaje hasta bien entrada la democracia. Es evidente que decenas de agentes ocupaban sus jornadas de trabajo en vigilar, infiltrar e informar a sus superiores de las actividades que realizaban sectores de nuestra sociedad civil.
¿Se puede decir, como afirma Sanguinetti, que lo que está claro es que ni la Presidencia, ni nuestros ministros -todos de acrisolada calidad democrática-, jamás ordenaron ningún episodio ilegal?
Cuesta creer que no hayan ordenado nada porque de algún lado debió salir la orden y los recursos para que se hicieran esos trabajos.
Pero, en todo caso, lo peor es suponer que el Presidente y sus ministros debían estar enterados o ¿acaso se espió delante de sus narices sin que nadie se enterara? Concluyamos que si se espió sin que nadie del gobierno lo supiera, flaco favor le hicieron los ministros y el Presidente a la democracia y a su propia eficiencia en sus cargos, a sus propias fuentes de información de lo que sucedía a su lado. Más bien dieron pruebas de su absoluta incapacidad para sus cargos.
Si, por el contrario, sabían de ese espionaje, ¿cómo no desmantelaron esos organismos ni dieron de baja a quienes realizaron esos episodios de espionaje, violaciones a la ley o intervenciones lesivas para la ley. (sic, Sanguinetti).
Si no sabían, vergüenza. Si sabían y nada hicieron, doble vergüenza. Hoy cabe preguntarnos ¿se terminaron esas actividades de espionaje? ¿Por qué tuvieron que pasar más de 30 años para que el expresidente accediera a decir algo sobre este tema?
Las investigaciones deben continuar. La democracia se fortalecerá si todos estos asuntos toman el mayor estado público y, por supuesto, se somete a la justicia a quien deba rendir cuentas por estos hechos delictivos perpetrados desde las esferas del gobierno desde 1985.
Artículo publicado en el Semanario uruguayo VOCES el 28.6.2018
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